Columna publicada en el Diario la Nación el 16 de septiembre de 2026
En
atención al anuncio del presidente de la república, en la que se establecerá un
protocolo en las universidades, y así, diferenciar la protesta pacífica de
situaciones de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias
del orden público; merece un masivo respaldo ciudadano. Desde 1992, cuando
entré a estudiar mi carrera en Bogotá, después del cambio constitucional de
1991, me he cuestionado permanentemente sobre el porqué teníamos o debemos soportar
que unos pocos desadaptados sociales, invocando o escudándose en la autonomía
universitaria, se pusieran de ruana, no sólo los claustros universitarios
públicos, sino a sus alrededores como la nacional y la pedagógica, por citar algunos
ejemplos.
El
daño causado ha sido incalculable, incluso, de bienes materiales y de vidas
humanas en estas más de tres décadas con los episodios debidamente documentados
de desmanes de los intocables universitarios en estos claustros del pensamiento
o generación de conocimiento. Ese cuento, de ser intocables, prácticamente se
fue grabando en la memoria colectiva como si ello fuera algo normalizado. Pero
quienes trabajamos en las universidades, es de plena comprensión que esta
autonomía otorgada a las universidades para regularse administrativa,
presupuestal, académica y estatutariamente, tiene unos límites. Entro ellos, no
impedir que las autoridades no puedan ingresar y cumplir su rol de garantizar
la seguridad que constitucionalmente les está permitido. Es decir, como si la
universidad fuera algo impenetrable para cumplir esta función constitucional y
esto fuera una perversidad si lo hicieran.
Efectivamente,
estamos en un Estado social de derecho. Lo cual, implica orden y autoridad. También,
deberes. Es de plena validez, que la autonomía universitaria, no está por
encima del orden público. Jamás, aceptaré en mi vida, que uno tenga sus hijos o
familiares en la universidad pública, y estos, sopena de manifestar que están
en defensa del libre pensamiento, o dizque construyendo su razón crítica,
formen o pertenezcan a células, estén armados, con material bélico y vestimenta
inadecuada o encapuchados, y causando daño con sus manifestaciones y protestas
violentas. De hecho, mis dos hijos estudian en la universidad pública, y es lo
que más les he advertido. Personalmente, me he encargado de que eso no ocurra,
yendo a la universidad y verificando sus progresos académicos, y verificando con
quien andan y en que andan. Qué, si algún día ello ocurriera, sería el primero
en denunciarlos ante las autoridades, más las sanciones que recibirían en el
seno familiar.
La
Universidad, es lo más valioso que tenemos para formarnos intelectualmente. He
concebido el alma máter, como mi segunda casa. No para tirar piedra, disparar
ni quemar uniformados, ni dañar o vandalizar infraestructura o bienes públicos,
mucho menos para alterar el orden público con terrorismo y todo aquello que se
le parezca o han sabido hacer algunos pocos. Bienvenido para quienes lo hagan o
lo piensen hacer, todo el peso de la Ley. En ello, todo el apoyo interno de los
estamentos de la universidad. Que se evidencie en estos protocolos, los mecanismos
para que se pueda tener la inteligencia requerida y puedan detectar a tiempo,
aquellos antilíderes universitarios que pretendan a futuro, alterar la
verdadera autonomía universitaria: la del conocimiento. Que les caiga todo el
peso de la Ley. El orden público, también es prioridad.

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