Columna publicada en el Diario la Nación el 2 de septiembre de 2026
La intervención realizada
hace unos días por el presidente de la república, en la que indicó que la
contratación pública se ha convertido en un negocio para pocos, me llevó en el
tiempo a 1999, cuando llevaba un año de graduado de abogado y prestaba mis servicios
como asesor jurídico en una entidad del orden nacional, y por supuesto, tenía a
cargo temas de contratación estatal.
En esa época, tuve la fortuna de asistir a algunas sesiones convocadas por la Comisión para la revisión de la Legislación sobre contratación administrativa conformada por el presidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002), la cual tenía el objetivo principal de diseñar un proyecto de reforma integral a la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública) para erradicar la corrupción y modernizar los procesos contractuales del Estado.
Esa Comisión, la lideraba el vicepresidente Gustavo Bell Lemus quien estaba a cargo de la política anticorrupción del Gobierno Nacional y tenía la función específica de redactar y consolidar el proyecto de reforma final a la norma reguladora de la contratación en ese momento. Lo acompañaban en esta loable tarea, Antanas Mockus, académicos, juristas y líderes del sector público y civil que promovían un fuerte enfoque ético en pilares como la transparencia ciudadana y moralidad administrativa, con el fin de erradicar la corrupción y evitar el desvío de recursos públicos o la manipulación de licitaciones; fomentar la simplificación y eficiencia de trámites para agilizar las modalidades de selección de contratistas bajo principios de selección objetiva y transparencia absoluta e implantar el control social para fortalecer la veeduría ciudadana y la participación de la sociedad civil en la vigilancia de los contratos estatales.
Como no sentir orgullo por haber participado en esta iniciativa y gran esfuerzo de finales de los noventa. Gran aprendizaje. Desde ese tiempo, no he parado en seguir apropiándome sobre el tema, la continuidad en la formación de expertos en contratación estatal, y en la fundamentación de los precedentes conceptuales sobre la transparencia contractual en Colombia que influyeron de manera directa en los debates de reformas posteriores al estatuto de contratación pública.
No obstante, se siente dolor e impotencia que estos anhelos no se cumplieron. Un gobierno tras otro y nada. Al contrario. Ver cada año, o periodo de gobierno, y así, más de dos décadas, en la cual, la contratación ha sido más bien un foco, nido y germen de la mayor corrupción en este país, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo mediante reformas en materia penal, disciplinaria y fiscal. Constituye esto una tragedia que no ha permitido la verdadera transformación de país. Observar al alrededor, todos aquellos que han abusado de los contratos estatales, causa estupor. Feria de contratos a diestra y siniestra.
De cumplirse, lo prometido por el presidente Abelardo de la Espriella, en cuanto que: “Vamos a revisar cada rincón del Estado para ver dónde están, dentro de la ley para desmontar las roscas, monopolios y redes que hayan convertido la contratación pública en un negocio reservado para pocos…” “Que el Estado no tiene dueños y los contratos públicos tampoco...” “Y les vamos a caer y a quitar todos los negocios sin ninguna contemplación...”; me llena de esperanza. Aún no siento perdido toda mi dedicación a formar en lo público en estas más de dos décadas sobre la temática. Quienes amamos lo público, como lo más sagrado de la sociedad, nos vuelve a llenar, no de ilusión, sino de los fundamentos de la transparencia y del código de ética de integridad de lo público que revive. Adelante presidente. Ni un paso atrás. Acá un soldado para seguir formando en la contratación transparente y sus demás principios.

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