Columna publicada en el Periódico Panorama de Arauca, Edición de diciembre de 2013
Para quienes contribuimos en
la formación de nuevos dirigentes y servidores públicos, constituyó un
privilegio participar el mes pasado en Cartagena en la celebración del primer
centenario de la Ley 4 de 1913 “sobre régimen político y municipal”;
disposición legislativa que incorporó los fundamentos esenciales de la
actividad administrativa nacional y local (espíritu normativo que aún sigue
vigente a pesar de las modificaciones constitucionales surtidas a lo largo de
esta centuria). Dicho congreso internacional denominado “Cien años de
administración pública: Retos y Perspectivas”, el cual fue impulsado y apoyado
entre otras instituciones por nuestra Escuela Superior de Administración
Pública-ESAP tuvo como principal objetivo, reflexionar sobre los principales
retos y el futuro de la administración y gestión pública a fin de contribuir en
la consolidación de una institucionalidad democrática, moderna, participativa y
adecuada para la época actual de constantes cambios tecnológicos. El
hecho de recibir las críticas de los expertos en cuanto a los grandes tópicos
de la Administración Pública, el balance de los esfuerzos armonizadores, cien
años de administración pública en el mundo, cien años de administración pública
en Colombia, retos y perspectivas para la administración pública, participación
ciudadana y ciber administración, los retos actuales para Colombia, el rol
cumplido por los dirigentes públicos, la posibilidad de auscultar sobre los nuevos desafíos que enfrentará la
administración pública colombiana y las estrategias que deben implementarse en
función de dichos objetivos; superó con creces la gran expectativa que teníamos
quienes asistimos a este histórico encuentro académico. Lo curioso fue que no
observé ningún servidor público de Arauca, a pesar que tuvimos la asistencia
desde el Presidente de la República, más de 6 Ministros, Fiscal General, como invitados especiales, y la presencia como asistentes desde gobernadores, alcaldes,
Presidente del Senado, etc. Evidencio
este detalle, porque percibí de cerca el funcionamiento de la administración y
gestión pública de este departamento durante el presente año que culmina y el
balance no es sobresaliente por parte de sus dirigentes y, menos a lo largo
de los anteriores años. Ojalá que con la
nueva territorial de la ESAP que se creará en esta ciudad a partir del 2014
para fortalecer la formación de nuevos cuadros de dirigentes públicos, se
fortalezca la institucionalidad. No hay derecho que sigan ganando las
estadísticas sobre investigaciones fiscales, disciplinarias, penales y hasta
civiles, precisamente teniendo como protagonistas a los empleados (en sentido
amplio) del Estado y comprometiendo la eficiencia de la gestión pública. No es
difícil indicar que nuestra administración pública ha estado supeditada a la
ineficiencia, patrimonialismo, formalismo y aislamiento burocrático, procesos
incompletos de reforma, fragilidad en lo social, excesiva centralización,
imitación de fórmulas extrajeras, modelo neoliberal (huida del Estado), enfoque
minimalista del Estado, ausencia de debate científico y académico, intentos de
imponer un modelo de Estado, inatención a problemas emergentes, procesos
antidemocráticos (ciudadano invisible), visión centrada en el mercado,
retroceso en derechos fundamentales y un alto déficit democrático; no constituye
un secreto. Tampoco, es difícil entender en dónde estamos actualmente: mayores
esfuerzos en democratización y profesionalización de la gestión pública,
aumento de nuevas tecnologías de gestión, gestión para resultados orientados al
desarrollo, mejores mecanismos de gobernanza, más participación ciudadana,
amplios debates conceptuales sobre el deber ser de la administración y gestión
pública y en una dinámica cada vez más
creciente en procesos de reforma y modernización del Estado. Pero, ¿hacia dónde
vamos?: a la consolidación de un Estado Social y democrático de derecho, a un
Estado que garantice una mejor posición al ciudadano, mayor gobernabilidad
democrática, respeto absoluto de los derechos y garantías fundamentales, a un
desarrollo sostenible y sustentable, con políticas públicas incluyentes que
generen equidad distributiva, que permita reformas integrales y se evidencie la
transformación del Estado, donde el derecho público genere seguridad jurídica,
que tenga un enfoque en el ciudadano como único protagonista, que tenga una
marcada planeación estratégica y organización, innovador y con modelos de
gestión de calidad, con una profesionalización marcada por el mérito, la ética
y la formación, que tenga comunicación con los distintos sectores y con la universidad,
que privilegie la cooperación pública-privada, esto es, que predomine el
fortalecimiento institucional (un gobierno abierto) y la buena administración o
el buen gobierno. Sin embargo, esto no es tan fácil porque tenemos unos
obstáculos que debemos superar: como es la falta de planificación y
coordinación institucional, el aumento de demandas y protestas ciudadanas, atención inadecuada al cambio climático
(desastres naturales), crimen organizado (inseguridad ciudadana), crisis
globales, corrupción administrativa, gestiones opacas de dirigentes, falta de
discurso político y acción pública sumado a la falta de legitimidad, escaso
liderazgo político y gerencial, desigualdad, pobreza, exclusión social,
ausencia de evaluación y mejora continua y, porque no decirlo, de resultados. En
Arauca sí que falta trabajarse este tema. ¡Viva la Administración Pública!.
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