Columna publicada en el Diario la Nación el 15 de octubre de 2025
Como todo,
cuando se presentan proyectos de reformas constitucionales, tardamos mucho
tiempo en realizar pedagogía o capacitación para entender el impacto que
persiguen las mismas. A manera de ejemplo, y por lo que repercute de aquí al
2038, el compromiso de entender lo que se persigue, es fundamental. Se trata
del Proyecto de Acto Legislativo 018 de 2024, por el cual se fortalece la
autonomía de los departamentos, distritos y municipios y se reforma al Sistema
General de Participaciones (SGP) mediante la modificación de los artículos 356
y 357 de la Constitución Política. El corazón del proyecto, lograr la
priorización de la asignación de recursos a las zonas más rezagadas del país,
promover la asociatividad territorial y consolidar la reforma administrativa
para reorganizar de manera más eficiente las competencias entre los diferentes
niveles de gobierno. Nada sencillo, ni fácil. Este proyecto fue aprobado por la
Cámara de Representantes el 2 de diciembre de 2024 e incrementará del 25% al
39,5% la proporción de los Ingresos Corrientes de la Nación destinados a las
entidades territoriales a partir de 2027, con un aumento gradual durante un
período máximo de 12 años. De aquí la importancia, sobre la Ley de competencias
del Sistema General de Participaciones que lo concreta y que el Congreso tiene
la responsabilidad de aprobar. Recordemos que el SGP es el principal
instrumento de descentralización fiscal en Colombia que busca financiar
servicios esenciales y reducir brechas regionales. No obstante, siempre hemos
estado en una tensión fundamental sobre el asunto. A pesar de su objetivo,
históricamente se ha generado un debate sobre si fomenta la autonomía o crea
una dependencia que desincentiva el esfuerzo fiscal local (fenómeno de pereza
fiscal). Tengamos una idea. Para el 2023 el SGP representaba cerca de la mitad
de los ingresos totales para el municipio promedio. Pero, la dependencia
promedio nacional se ubicaba en un 56,5% con una enorme dispersión que va desde
un 4,5% hasta el 88,8%. La meta propuesta con el Acto Legislativo 018/24 es
pasar de 21% de los ingresos corrientes de la nación en el 2023 hasta un 39,5%
para el año 2037. Nada fácil. Aquí la pregunta de los investigadores: ¿Este
significativo incremento de transferencia se traducirá en un fortalecimiento
real de la economía y sostenibilidad fiscal de los municipios, o por el
contrario, profundizará la dependencia o las desigualdades?. En cualquiera de
los escenarios que proyectan los expertos, es que la dependencia, antes
aumentará. Y en aquellos municipios que han sido líderes en gestionar y no ser
dependientes, serán atrapados en ella. Como recomendaciones, es que no tenemos que
ir más allá de las transferencias, sino, implementar políticas fiscales
territorialmente diferenciadas, puesto que no se puede aplicar las mismas
formuladas para todos los municipios, departamentos y Distritos. Por favor, la
academia le corresponde realizar pedagogía, para que no nos tome por sorpresa
esta reforma. Urgente.

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