Sobre los diálogos constitucionales

 Columna publicada en el Diario la Nación, el 2 de abril de 2025

A propósito de los” Diálogos Constitucionales: una construcción colectiva. La Corte dialoga con la Académica”, quedaron para reflexión y actuar de inmediato en varios aspectos con relación al derecho a la educación derivados de la Ley 115 de 1994 y 30 de 1992. Lo primero, que la Constitución no es letra muerta y ha contribuido en empoderar lo que se ha construido en la historia en materia de educación. Que esta constituye el arma más potente para garantizar los derechos, razón por la que los diálogos efectuados con el alto tribunal constitucional, la defensoría del pueblo, la procuraduría general de la nación y la fiscalía y otras instituciones, tienen sentido y fundamento. Fue desgarrador, por no decir importante, conocer los diferentes clamores en cuanto a los avances y retrocesos con relación al modelo de educación y etnoeducativo en zonas rurales, su débil articulación con entidades territoriales, infraestructura inadecuada, existencia de barreras geográficas y de transporte, ausencia de una canasta educativa rural diferencial, déficit de docentes, precariedad económica de las familias, falta de conectividad en lo rural, violencia y conflicto armado, falta de pertinencia de la educación rural, carencia de participación ciudadana, débil  enfoque territorial, inexistencia de incentivos salariales rurales para docentes, ausencia de currículo diferenciado y no homogenizados, no becas ni subsidios, deserción rural, no continuidad hacia la educación superior y hasta la pérdida de identidad en el caso de las comunidades étnicas. Para el personero de Nieva, se trata más bien de la precariedad en la que estamos:  limitación de recursos para actuar (económicos, docentes, administrativos, físicos, tecnológicos), pobreza dimensional en las familias, niños priorizados en tareas del campo y no a estudiar, sociedad consumida en redes sociales y de paso los niños también, no entrega oportuna del PAE, no transporte escolar, no servicios públicos en instituciones educativas, aumento del reclutamiento de niños, embarazo en adolescentes, pruebas saber pésimas, docentes no preparados para la educción rural y existencia de barreras actitudinales y de exclusión predominantes, entre otras. Un punto fundamental abordado se centró en el acoso escolar. También, en las diferentes formas de discriminación tanto en las escuelas como en las Universidades. La cuestión es que así la procuraduría actué, defensoría esté en terreno, fiscalía castigue; el modelo social actual nos exige imaginar y actuar urgentemente para visibilizar otro mundo posible. Pero para ello, trabajar con mayor empatía y ajustes razonables a fin de garantizar la permanencia en el sistema educativo de los NNAJ y la educación se consolide para consolidar también la democracia. Tarea urgente.