Militares en apuros

 Columna publicada en el Diario la Nación el 10 de septiembre de 2025

No transcurrieron ni 8 días desde que un grupo de civiles (por no decir algunos desadaptados) cometieran la atrocidad de intentar quemar vivos a dos militares (afortunadamente no fueron calcinados) en el departamento del Putumayo, para luego pasarnos, a la vereda los tigres, en el corregimiento de Honduras, zona rural de El Tambo, departamento del Cauca donde la población civil mediante asonada retuvo y secuestro a 45 militares; constituyendo estas acciones una total degradación a la que llega un sector de la población en contra de la institución más antigua, insigne y respetada que ha sostenido nuestra república desde 1810. Esto se volvió común en este gobierno que no ha mostrado total y absoluto respaldo a nuestra fuerza pública. No son los únicos casos ocurridos en el supuesto gobierno del cambio. Es lo más bochornoso que puede ocurrir, con quienes tienen la autorización legal y legítima para portar las armas en nombre de la defensa del Estado. No me imagino que sentirá uno como militar, que haya sido retenido, secuestrado, pisoteado y también ultrajado, por un grupo de personas que han sido instrumentalizados por unos poderosos narcotraficantes o que están al frente de grupos al margen de la Ley. Siempre he pensado que, ante un hecho de estos, como militar, la desmotivación debe abrazarlo a uno totalmente. Después de tener una formación y entrenamiento militar para defender la población, sea esta la que se vaya en contra de ellos, pasa a ser humillante y demasiado fuerte. Psicológicamente, la moral al piso. Definitivamente, como presidente de la república y comandante en jefe de las fuerzas militares, le ha faltado contundencia para respaldar a la fuerza pública. No puede reducirse el respaldo a un mensaje simple y tenue en que sencillamente los liberen. O que, si la ciudadanía los ataca, entonces habrá fumigación aérea para el caso en particular. O que la Corte Constitucional reconsidere por sí sola, lo ordenado en mediante Sentencia T-236 de 2017, en la cual se ordenó la no reanudación del Programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato y en la que sometió su continuidad a la implementación de la consulta previa y posterior en casos de afectaciones directas a comunidades étnicas y el diseño de un proceso para la toma de decisiones con base en el principio de precaución; no es suficiente. Es insignificante para la magnitud de los hechos. La orden directa como lo hizo el ministro de defensa es que esto no se puede volver a repetir. Esa debe ser la orden presidencial. Que, como presidente de la república, no se tolerarán acciones de estas con la fuerza pública. Es lo que se espera. Nunca más que esto se repita.