Columna publicada en el Diario la Nación el 17 de septiembre de 2025
El pasado lunes, se reconfiguró el comité ciudadano de control social, en la Contraloría Departamental del Huila, con el fin de promover la participación de la comunidad en el proceso de vigilancia a la gestión fiscal que ejerce este organismo de control en el departamento. Recordemos, que la ciudadanía es aliada y copartícipe en el cuidado de los recursos y bienes públicos para que se cumplan los fines del Estado en desarrollo y progreso general. También, por si conoce de un hecho de corrupción en particular, lo denuncie en este espacio. Después de someter a consideración distintos temas para que se priorice la labor de la Contraloría, en especial, de los contratos vigentes para la construcción y mantenimiento de vías en el departamento; se determinó por unanimidad solicitar a la Contraloría, que más bien se priorice la labor de verificar o solicitar la información a la gobernación, en cuanto a todas las acciones que se llevan a cabo sobre el PAE y transporte escolar en los 35 municipios. La idea, es tener claro cuánto le cuestan estos dos servicios al departamento por vigencia fiscal, qué vigencias tienen proyectados para su cobertura y los requerimientos específicos en cada una de las distintas subregiones (sur, centro, noroccidente y norte) para apoyar la educación de los huilenses. En la sesión realizada por el Comité, se puso en conocimiento el modelo de estos dos servicios en la forma como los ejecuta el Departamento de Antioquia, el cual fue socializado hace unos días, en el encuentro de contralores departamentales. Para los antioqueños, este es un servicio diferencial. Se divide por regiones y subregiones atendiendo a elementos culturales principalmente. Por lo tanto, para el PAE, en cada subregión, la prioridad es la canasta familiar de esa subregión de acuerdo a lo que allí se cultiva, prepara y cocina. Se atiende a la cosmovisión indígena donde lo cubre. No lo uniformizan. Lo fundamental, es que lo supervisa directamente la Facultad de Nutrición de la Universidad de Antioquia. Eso ya es un sello de garantía. Por otro lado, el departamento y los municipios realizan un convenio, con autorización de sus respectivos concejos municipales y asamblea departamental para sacarlo adelante sin contratiempos. Los municipios acuerdan poner un determinado peso, y la gobernación, pone otro recurso adicional al del municipio para garantizarlo. Cuentan con la debida asesoría jurídica para que el municipio apropie los recursos, incluso, de vigencias futuras. Por ello, logran proyectar su ejecución a tres años. Es decir, van tres años por delante de lo que hacen los otros departamentos. Se espera que la gobernación, informe a este comité de control social de la Contraloría Departamental sobre lo actuado, medidas, acciones y proyecciones con estos dos servicios.

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