APOYEMOS A JUECES Y MAGISTRADOS

Nuestra Constitución Política de 1991, ya tiene el récord de 29 reformas. Es decir, un promedio de 6 reformas por cada periodo presidencial. Ahora, este gobierno ya deja entrever que aumentará este número y, entre ellas, incluirá la Justicia.

Estas arremetidas reformistas atroces de los gobiernos de turno e instituciones al que ha sido sometida la justicia, es la respuesta a la defensa de la autonomía e independencia judicial que sus miembros han perseguido, por la férrea conservación del Estado Social de Derecho que no han abandonado, la persistencia de jueces y magistrados para actuar con todas sus fuerzas de manera independiente, autónoma y con imparcialidad como su máxima garantía para proferir sus decisiones y no permitir el quebrantamiento de la división de poderes que de antaño se ha conquistado y, porque con su labor no han sido complacientes y no han estado supeditado a los aplausos de nadie.

En la propuesta actual, se contempla: 1.- Precedente judicial: se quiere cambiar que no sólo sean fuentes la Constitución y la Ley, sino que sea la jurisprudencia y doctrina como vinculantes y se convierta en un sistema jurídico bien concebido. Esto castraría la inmediación, la oralidad, evolución del pensamiento, que los jueces permanezcan petrificados para menoscabar el racionamiento y, en consecuencia, el autogobierno judicial se fracturaría. Es como poner en evidencia que la Ley y los Recursos existentes no han garantizado la seguridad jurídica. 2.- Tutela: Se busca que este mecanismo no proceda contra sentencias judiciales de cierre, que sean presentadas técnicamente por abogados y que no se haga un uso desproporcionado en su utilización. No obstante, no debe perderse su rumbo porque sí hemos ganado con esta acción. Debemos robustecerla y no acabar con las técnicas obtenidas. Es el Estado el que debe solucionar las dificultades para que no se haga un uso desmedido sobre la misma. 3.- Notarías con funciones Judiciales: Este sí que sería el verdadero elefante al quitar funciones esenciales de la administración de justicia (Jueces) para entregárselo a los Notarios que tienen unas funciones distintas y con un tinte político. Esto no lo podemos admitir.

Para mejorar, no sólo se requiere la reforma; se necesita cobertura, calidad y justicia pronta y ello se logra con más jueces y recursos. Se necesita es la participación y voluntad de Estado para que aumente el presupuesto de la rama que actualmente es del 1.2% del Presupuesto Nacional frente al de ICBF que recibe el 1.6%. Apoyemos a Jueces y Magistrados.