LA PROFESION PELIGRO

Columna publicada en el Diario La Nación el 21-02-2018

Recientemente un gobernador, quién por estar envuelto en investigaciones penales, disciplinarias y fiscales expresó en un programa de televisión que: el ejercicio de la política y de cargos públicos en la actualidad, es equivalente a ejercer una “profesión peligro”. Preocupante, por no decir espeluznante esta afirmación. No sólo para el grupo de gobernadores, sino para todos los mandatarios locales y, en general, para los gerentes y servidores públicos del país, para no abarcar a toda la sociedad. Ya lo habían advertido en el encuentro de alcaldes que se efectuó en Neiva a comienzos de diciembre del año pasado, cuando se tocó el caso de la gobernadora del Putumayo y del Alcalde de Mocoa, por citar sólo un ejemplo. Además, del inri con el que cargan al considerárseles corruptos por el sólo hecho de ejercer. Sin embargo, eso no lo piensan cuando se empeñan en llegar a dichos cargos y, menos cuando los están desempeñando.  Solo, cuando ya están hasta el cuello con las investigaciones correspondientes. Cuando se ha destapado todo y, la familia en cintura o bajo el cuestionamiento social. En esa instancia, sus lágrimas de cocodrilo ya no producen ni lástima por todas las barrabasadas cometidas. Aquí es donde surge o sale a flote la reflexión sobre la importancia del estudio de la Administración Pública como ciencia, su objeto, configuración, perspectivas, historia, elementos, principios, comparación con otros modelos y enfoques (Marxismo, Weber, entre otros), incluso, con las transformaciones (reformas administrativas) surtidas y que han dado paso a la gerencia y nueva gestión pública. Es una lástima que un personaje de estos, no tenga apropiado lo que significa el “pensamiento administrativo público”, sus principales teóricos tanto extranjeros como colombianos, que han abordado este saber para un referente y faro en su gestión. Pero qué, si ni siquiera les ha interesado acercarse a la ESAP, para mínimamente hacer un posgrado allí o Maestría que les ayude a profundizar sobre la misma. Ni siquiera hacen de manera juiciosa la inducción que esta les programa. Y mucho menos, han permitido que los administradores públicos que trabajan en sus instancias, den su verdadero potencial. No en vano, el alto número de estos funcionarios investigados, destituidos e inhabilitados a la fecha. Claro, por eso catalogan el ejercicio de la política y el desempeño en la administración pública como la “profesión peligro”. Y debe ser así, porque tiene variados controles y auditorías. Pero lo es, porque atienden los asuntos públicos como si fuera una tienda o una finca de su propiedad, y se les olvida que deben dar cuentas públicas y crear valor agregado a todos. Eso es lo que molesta profundamente. Menos mal que en la actualidad, el control social a la gestión pública ha puesto su granito de arena. Viva la Administración pública.

LA VIOLENCIA POST CONFLICTO

Columna publicada el 7 de febrero de 2018 en el Diario la Nación

Es una lástima y vergonzoso que las instituciones, en especial, las que promueven el conocimiento (educativas, universidades, centros de pensamiento, cámaras de comercio, entre otras); no vayan un paso adelante en temas tan cruciales para el desarrollo del país y de la región, en particular, con los relacionados frente al posconflicto o post acuerdo gobierno Santos-FARC. No hay derecho que sigamos esperando o reaccionando a lo que se proponga desde presidencia de la república o del congreso, sobre el tema. Por esta maldita parsimonia, no sé si de carácter intelectual, no se logró realizar una pedagogía popular, para que la ciudadanía entendiera que hay un hilo conductor de los vínculos entre las condiciones que causan los conflictos armados y las que suscitan la violencia posconflicto. Hasta el momento, estas no han desaparecido en Colombia. Es decir, esta ola de inseguridad que se evidencia, lo que refleja es que estamos ante una democracia insuficiente, débil, sin ideales, criminalizante y con enormes vacíos y que con la sola firma de los acuerdos no ha cambiado. Por ello, sentimos que las normas vigentes no son suficientes para prevenir y atacar estos hechos sociales (fenómenos delincuenciales, criminales, violentos), lo cual permite una sensación de frustración generalizada en ciertas masas de la población y que altera la tranquilidad. Si estas instituciones hubiesen cumplido su rol de manera anticipada, se habría trabajado con la comunidad, a partir de los ejemplos de Centroamérica (Guatemala, Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaruagua), que nos enseñaría cómo a partir del fin de los conflictos armados en estos países, no diluyó los conflictos sociales, sino que estos encontraron nuevas dinámicas de expresión y manifestación: delincuencia, criminalidad y, violencia propiamente tal (Gonzalo Wielandt). Al haberse hecho la tarea, se habría ganado tiempo para comprender, aceptar y plasmar (en políticas públicas), una verdadera política de seguridad, a partir de la misma comunidad de base, que debe estar organizada como sujeto de representación legítima, con la capacidad de cooperar en tareas de absorción de los problemas y conflictos sociales y encaminarse en una cultura de prevención estructural de la violencia posconflicto, y por ende, forjar una verdadera democracia como régimen político. Por este pequeño detalle (de no anticipar ni actuar), es que estamos esperando las propuestas de los candidatos presidenciales en materia de seguridad, ya que todos creían que al firmarse la paz del actual gobierno, todo quedaría en paz. Nada más absurdo. Esta ola de inseguridad, no es ni el postre de todo lo que se aproxima en los próximos 20 años. Sino no nos unimos y organizamos como sociedad para actuar en red, se incrementará exponencialmente la violencia social, bandas criminales, crimen organizado, tráfico de armas, fenómeno de las pandillas juveniles, fenómeno de las migraciones, homicidios, etc. Aún, sin luz en el túnel. Tenemos tiempo.