NO DESEOS, SI ACCIÓN SOCIAL

Miércoles, 30 Marzo 2016 05:41          

      

Escrito por  Obert Alejandro Ortiz y publicado en el Diario la Nación                

Con la promesa incumplida del 23 de marzo, ya uno no sabe que esperar. Lo único cierto es que no podemos bajar de guardia sobre el cambio que debe darse en nuestro país. Es necesario seguir con las discusiones que permitan prever los escenarios que queremos en las próximas tres décadas. Somos conscientes que en ese nuevo país que deseamos debe estar cimentando en un modelo de economía básica y productiva completamente distinta al vigente; con un sistema de propiedad diferente; con una estructura tributaria incomparable; sin inequidad salarial; con un verdadero reordenamiento territorial que promueva la descentralización espacial con autonomía y, surtirse entre otras cosas, una modificación en el sistema de participación política y, una profunda reforma en la administración pública, para que ésta se dé, incluso, dentro del mismo territorio.

Sobre todo, hacer de cada ciudadano un cambio de revolución cultural, donde se respete la Ley, la Constitución y la autoridad y a nosotros mismos ya que no lo hacemos. Esto implicará una reconstrucción de la ética y del servicio público centrado en el mérito. El núcleo de todo es que nosotros tenemos que construir una nueva institucionalidad pública, en la cual el mérito y la igual dad de acceso sea el principio a partir del cual funcione todo el aparato administrativo y organizativo de la organización social que tenemos (Estado). Que esa nueva organización o estructura pública requerida sea capaz de construir o deba responder a necesidades territoriales y poblacionales a través de una gobernanza que implique consensos, concertaciones y diálogos propios de una acción social fortalecida. Nada de esto se dará sin la acción social.

Los ciudadanos de Colombia (obreros, campesinos, indígenas, barriadas, etc.,) no están debidamente organizados, no saben protestar, no saben concertar, ni interlocutar y mucho menos ni dialogar con el Estado. Como tampoco, se tiene el lenguaje técnico para dialogar con los servidores públicos. Impera el desconocimiento para manejar los formatos dispuestos por la administración pública y sus diferentes dispositivos para dialogar con burócratas. Mientras no nos organicemos, mientras no nos eduquemos, sino cambiamos la mente y las instituciones para responder a la complejidad de las relaciones, no tendremos cambios a la vista pronto. Necesitamos educación, organización, Acción social. Cambiamos y construimos una nueva gestión pública sólo si los ciudadanos tenemos el valor para trabajar en ese cambio social. No puede haber organización social ni acción social sino estamos educados, incluso políticamente. No puede haber participación o interlocución con el Estado si este no ayuda, sino es el motor del desarrollo, sino ayuda con recursos, sino capacita. Ese debe ser el nuevo rol del Estado en los próximos años o décadas. Nos más deseos, retórica, sueños, anhelos. Iniciemos con la acción ya. Entendida esta como “Acción Social”.

POLITICAS PUBLICAS Y APP

Columna publicada en el periódico Panorama Araucano el 16 de marzo de 2016

 

Cuando nos están orientado desde la Habana, lo que debemos hacer en nuestro país para obtener un desarrollo regional que no conocemos en alguna parte del planeta (por la aparente incapacidad de propuestas locales); es necesario que la poca masa crítica que existe y pueda conformarse o aglutinarse (por supuesto que no será la de alcaldes porque no les alcanzará),  tengamos claras las herramientas de las que disponemos y debemos prepararnos y apropiar profundamente con hechos concretos para viabilizar una mejor Colombia. Ahora, cuando estamos en el achicamiento del Estado por el protagonismo adquirido de la ciudadanía, el rol que cumple el mercado, el espacio ganado por el tercer sector (ONG- OC - OP), la metamorfosis conceptual de soberanía, fronteras, nueva gestión pública, geoeconomía, entre otros; constituye el fundamento urgente, necesario y de inmediatez, proceder a volvernos expertos en “políticas públicas” y Alianzas Público Privadas, más conocidas como las APP. Por supuesto, que con las lecciones aprendidas con el contrato plan, del cual ya podemos decir si fue beneficioso para el Departamento de Arauca o no. En discusiones con estudiantes y profesores, nos hemos atrevido a afirmar que en los municipios se hacen políticas públicas. Lo cual es un esperpento. Para explicar brevemente, en Colombia no tenemos una república federal. Somos una república unitaria. Esto permite expresar que, las políticas públicas son descendentes en un modelo de Estado Federal o Unitario y surgen en un sentido legal y formal. Por lo tanto, en una alcaldía no se hace una política pública. Es más, se puede cuestionar sobre cuantas políticas públicas tiene un territorio. Pero a decir verdad,  cuáles de ellas existen en realidad, puesto que la mayoría no tiene recursos ni actores.  A lo sumo, clasificarán como programas o, en su defecto, proyectos (la política pública, programa y proyecto tienen unos elementos, características y duración distinta).  La tendencia en América Latina es crear en las universidades programas posgraduales a nivel de Maestría y Doctorados sobre diseño, implementación, evaluación y análisis de políticas públicas.  Desde luego, que cada programa tendrá un enfoque teórico para su abordaje y, de la misma forma, como producto final, tendremos expertos sobre la materia que se dedicarán bien al diseño, a la implementación o evaluación de dichas políticas. Si al menos preguntásemos, cuántos de estos expertos están trabajando en Arauca, quedaríamos aterrados. Por otro lado,  está el tema de las APP, y del cual ni siquiera un Diplomado. Por ello, la poca visión y aplicación conceptual sobre el tema y la concreción para el Departamento de las mismas. Cuando nos damos cuenta, es porque ya nos han impuesto una y no tenemos derecho ni a rebuznar. Mas ahora con las famosas autopistas de cuarta generación (4G). Qué Universidad, al menos, pudiese ofertar un cursito sobre el tema en esta región. Depende del liderazgo de sus dirigentes tanto públicos como privados. Sería maravilloso traer  expertos internacionales como Sergio Hinojosa, entre otros a esta tierra que definitivamente es de la otra Colombia con realidades distintas. En Colombia, la Ley 1508 sobre la materia es del 2012. El panorama es incierto, más cuando Arauca figura dentro de las zonas que han pedido en la Habana en un posible pos Acuerdo. Ahí la clave en la experticia en el tema para emerger el desarrollo que anhelamos pero que desconocemos. *(Docente Universitario e Investigador www.obalor.blogspot.com)

CON LA MENTE CASTRADA

Miércoles, 16 Marzo 2016 05:50

 

 Columna escrita en el Diario la Nación por    Obert Alejandro Ortiz          

En Colombia constituye una amenaza decir la verdad, está prohibido la crítica, el pensamiento libre y el no al unanimismo. Decir la verdad es un problema público expresó en una oportunidad, Trotsky.  Esto es una calamidad porque significa la mayor evidencia de lo atrasados que estamos en nuestro país en la capacidad de crítica para mostrar la realidad. No tenemos el valor social de decir esto es una porquería, es una mierda lo que está ocurriendo y un peligro público si seguimos así. Máxime, cuando son unos pocos los que tienen un pensamiento moderno. Pone la piel de gallina, al observar casos aislados como los de Brasil donde más de tres millones de personas protestaron en las calles y piden la renuncia de su Presidenta.

Pero aquí, con todos los desastres (no solo naturales) que padecemos por las acciones de los gobernantes, cuando el Estado está asaltado, cooptado, se lo han robado por intereses económicos, cuando una Ley se tramita pero cada artículo de la misma tiene un dueño, cuando la corrupción termina siendo el principal cáncer, cuando prolifera la demagogia, el desequilibrio entre el sueldo de un parlamentario y el salario mínimo, cuando advertimos las mafias en la justicia (incluso en su organización administrativa), cuando la salud y la educación han pasado a ser un negocio, entre otros aspectos; pareciera que todo está perdido. No obstante, aquí es donde necesitamos fortalecer la crítica, apoyar más la oposición y, con los cojones bien puestos, decirle (gritar por todos los medios) a los gobernantes que son unos inútiles cabrones e interesados dada su mala, pésima e ineficiente gestión e interés marcado en lo personal. Necesitamos posicionar el lema: “El cambio lo construimos con análisis crítico”.

Si algo de ganancia ha dejado este discurso de la paz auspiciado por el gobierno, es que el país, tiene que enfrentarse a la verdadera democracia, que no es otra cosa que el de la dialéctica. Que finalmente, cualquier diferencia entre partidos o cualquier discusión se tendrá que resolver es en la Administración Pública. Ello implicará en el hecho de que tenemos que avanzar en términos de igualdad y respeto por lo que los demás sienten y expresan.

No podemos resolver o construir la paz con las instituciones que tenemos, ni con los actuales políticos que aparentemente nos representan. Tenemos que generar unas nuevas relaciones entre el Estado y la Sociedad a través de un conjunto de políticas públicas que garanticen derechos.


Si no cambiamos la mente y las instituciones para responder a la actual complejidad de las relaciones Estado-Sociedad, continuaremos peor. Necesitamos educación, organización y, acción social para el cambio social pero con mayor osadía, suerte o privilegio de participar activa y políticamente a partir de la diferencia de ideas. Que no seamos fusilados por la crítica.

GERENCIA JURIDICA PUBLICA

Columna publicada en el Diario la Nación el 2 de marzo de 2016

Al consultársele a un abogado si es mejor ser defensor de una entidad del Estado, o demandar más bien al Estado en un proceso jurídico, la respuesta no se dudaría. Demandar al Estado. Las facultades de derecho deben implementar en sus estudiantes un capítulo aparte, dado que la defensa jurídica del Estado ahora tiene otro rumbo.

Con la creación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el 2011, se propuso entre  otros aspectos fortalecer el sistema  único de gestión de información de la actividad litigiosa ekogui; generar lineamientos para la formulación de políticas de prevención del daño antijurídico y lineamientos generales de defensa; promover el fortalecimiento de la gestión jurídica de las entidades, las capacidades de los abogados de la defensa jurídica y los demás actores del ciclo de defensa jurídica; intervenir y/o coordinar la defensa judicial(nacional e internacional), la extrajudicial y contribuir a la recuperación de recursos públicos; lograr una efectiva implementación y evaluación de los sistemas de gestión jurídica; fortalecer el compromiso individual e institucional con la cultura del logro, de transparencia, participación y servicio al ciudadano y; hacer seguimiento a la tasa de éxito procesal anual de las entidades públicas del orden nacional.

En virtud de lo anterior, se creó el Sistema único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI donde se registran y actualizan los casos y procesos judiciales. Con ello, se fortalecieron los esfuerzos para su adecuado seguimiento a las actividades, procesos y procedimientos jurídicos, el cual debe ser utilizado y alimentado por todas las entidades y organismos estatales del orden nacional, cualquiera sea su naturaleza jurídica y por aquellas entidades privadas que administren recursos públicos. Su principal objetivo es ser la herramienta para la adecuada gestión del riesgo fiscal asociado a la actividad judicial y extrajudicial de la Nación, así como monitorear y gestionar los procesos que se deriven de aquella actividad, sin perjuicio de la función constitucional y legal atribuida a la Contraloría. Confieso que estaba nulo frente a esta importante tarea que ha emprendido el Estado de no dejar perder pleitos y atenderlos bien. Pero dada la experiencia obtenida, me involucré hasta en la “comunidad en red del conocimiento de defensores del Estado” y, el próximo 8 de marzo se lanzará la revista virtual de defensores del Estado. Es como una especie de élite que está marcando la pauta en el país sobre el tema. Un ejemplo para el nivel territorial y para abogados litigantes que siguen pensando que demandar al Estado es mogollo. En el departamento, adscrito a la oficina jurídica y Secretaría General, debería organizarse algo similar para que todos los asesores jurídicos y contratistas jurídicos que se tienen en los municipios actúen en red, se capaciten y defiendan de manera eficaz los intereses del ente territorial.