¡Ampliar el periodo presidencial!

 Columna publicada en el Diario la Nación el 17/02/2021

Ante la aparente propuesta de la Federación de Municipios de ampliar el periodo presidencial, con el argumento de reducir 3 billones que cuestan las elecciones del 2022 y, de paso, evitar la multiplicación de los contagios por Covid-19; en estos momentos coyunturales es hasta insólita, por no decir, que no pasa de ser un mal chiste. Esperamos, que el gobierno desmienta esta iniciativa aprovechada por los medios de comunicación y aclare, que ni siquiera la han contemplado en esa agenda con supremacía de poder como rama ejecutiva que han tenido en esta pandemia (bajo el velo de la pandemia mundial), y en la que se anuló el equilibrio de poderes con relación a la rama legislativa y judicial. Ello sería, ratificar que en este país nos lo hemos pasado de “timbo en tambo” privilegiando los intereses de unos pocos en el poder y, demostrando que la democracia más sólida del contexto latinoamericano, es puro cuento. De hecho, ¿Cuál democracia?. Personalmente, en las elecciones pasadas voté por presidente para un periodo de 4 años. Con unas propuestas para ese periodo. Ampliar el periodo no es conveniente. Ello profundizaría el debilitamiento de la escaza o nula participación ciudadana que tenemos. La reelección presidencial ya hizo mucho daño en este sentido. Pareciera que reculamos y no aprendemos de la historia. Ni siquiera aprendimos de todo ese debate que se dio entre si era mejor tener un designado o vicepresidente. Tampoco de los dos periodos de una reelección presidencial. Tampoco de los hundimientos de proyectos sobre periodos de los gobernadores y alcaldes, entre otros. Permitir la ampliación del periodo presidencial por parte del Congreso de la República, es un tanto como decir que los representantes y senadores actuales sucumbieron ante la supremacía del poder de la rama ejecutiva, de las migajas del poder, de la degradación de la política, del poco respeto que merecen los ciudadanos y que la rama judicial merece estar en el pedestal de árbitro, por si se le requiere en algún caso. Tampoco, podría justificarse ignorancia del pueblo. No señor. Todas las estadísticas indican en materia de apropiación tecnológica y digital, que los ciudadanos durante este año de cuarentena, distanciamiento social, aislamiento y, teletrabajo, tuvo un adelanto de casi 10 años. Hoy no discutimos la importancia de la digitalización y virtualidad. Más bien, a ciertos servidores públicos, les ha quedado grande el reto digital. Pero no a los ciudadanos en general. Es decir, desde los niños hasta los de la tercera edad, hemos tenido que interactuar ya con cierta facilidad en internet. Razón para que pueda realizarse unas elecciones con votación de manera electrónica. Estamos seguros, que se elevaría el nivel de participación. Tal vez, a eso se le tiene miedo. Ya no habría ejército de pregoneros, compra de votos, incluso, disminuiría la financiación de campañas políticas. Lo que deben hacer señores congresistas, es tramitar el proyecto, con iniciativa parlamentaria (para que en algo dignifiquen su poder de rama legislativa), para adelantarse a la validación del voto digital. De esa manera, ratificarían que hemos apropiado la digitalización en Colombia. A tal punto, que hasta las elecciones son virtuales.

¿Trabajo digno de concejales?

Columna publicada en el Diario la Nación el 04/02/2021

Sentenció la senadora Esperanza Andrade en virtud de la expedición de la ley 2075, la cual aumentó la liquidación de los honorarios percibidos por sesiones en el Concejo Municipal, a más de 10.500 concejales del país; que mejorarán la calidad de vida de sus familias, ganarán mayores salarios, asegurarán seguridad social, se hará justicia y se pagará una vieja deuda pendiente con las personas que tienen y cargan con la responsabilidad de la vocería y representación de las comunidades, y calificó este hecho, como un salto histórico en nuestra democracia. No obstante, no se conocen mayores detalles sobre los efectos, en particular, los presupuestales que esta nueva Ley impone en las finanzas públicas. Como tampoco, sí este aumento salarial o de honorarios, represente un cambio para hacer un trabajo digno, más responsable, con mayor profesionalismo, dedicación y compromiso. Sí con ello, mejorarán sus viejas prácticas de triquiñuelas que tradicionalmente han venido realizando para beneficiarse en contratos o cuando tienen la oportunidad de meterle mano a la designación de personero o contralor según el caso. O en los temas de alumbrado público o de facultades al alcalde, o de aprobación de empréstitos, o como las recientes aprobaciones de planes de desarrollo que los dejaron anular por vicios en su procedimiento (o descuido o ignorancia o a propósito) y en otros trámites. Si ahora se dedicarán a estudiar para estar mejor formados y no servir de pacotilla o de bulto en el trámite de un proyecto de acuerdo. O estar atentos, como jornaleros al servicio del patrón cuando arranquen las campañas y sirvan como partes de la maquinaria politiquera o politiquero. Importante este debate. Por ahora pongamos en el tapete los siguientes aspectos: 1.- ¿Se ha calculado, el rubro presupuestal que cada municipio (de 4ª, 5ª y 6ª categoría) debe disponer ahora para dar cumplimiento al aumento de liquidación y pago de la cotización al Sistema de Seguridad Social; Pensión, Salud, ARL y cajas de compensación familiar de los concejales?. El artículo 2º de la mencionada Ley, dispone en su parágrafo 5º, que: Todo aumento en el valor que los concejales de municipio de categoría cuarta, quinta y sexta, que reciban por concepto de honorarios en relación con la que actualmente perciben, estará a cargo de las entidades territoriales. También, en su artículo 3º, expresa que será con cargo al presupuesto de la administración municipal, sin que esto implique vínculo laboral con la entidad territorial. A manera de ejemplo y aproximación, el municipio de Timaná, requiere anualmente de ciento ochenta millones de pesos mcte para cumplir este mandato legal.  Al respecto, ¿cómo asumirán estos gastos si los recursos obtenidos por ingresos (tazas, contribuciones o impuestos) no aumenta?. ¿Se tendrá que afectar otros rubros?. Lo único que plantea esta norma, en el parágrafo del artículo 3º, es que, para financiar los costos en seguridad social de los concejales de municipios que reciban ingresos corrientes de libre destinación, inferiores a 4.000 SMLMV, se destinará el 0,6% del sistema general de participaciones de propósito general, contemplado en el artículo 2 de la ley 1176 de 2007. ¡Gran debate¡.