Durante los anteriores dos fines de semana, tuve el honor
de dar inicio como docente del diplomado en derechos humanos y postconflicto en
el municipio de Nátaga, ofertado por la ESAP a un grupo de más de 60 personas (entre
jóvenes, líderes, profesionales, empleados), en el que se disertó en cuanto a
las generalidades y el sistema nacional
y de información sobre los derechos humanos, el contenido de los acuerdos suscritos
entre el gobierno y las FARC y su grado de implementación, la conformación de
la jurisdicción especial para la paz y los retos del nuevo gobierno en esta
materia. Durante ese lapso de tiempo de 8 días, alcanzamos a socializar la
temática, a realizar programas radiales, cada estudiante elaboró una columna de
opinión digna de publicar en un amplio medio de comunicación local o nacional,
se efectuó una marcha por el poblado con los estudiantes, fue organizada una
conferencia con invitados directos de quienes cursan la formación, al igual que
el desarrollo de las socializaciones en grupo del contenido del módulo y guía
utilizado como referencia bibliográfica; pasos llevados a cabo con una alta
dosis de motivación, liderazgo y pensamiento crítico. Hasta aquí, nada es
novedoso. Lo que sí lo constituye, son las reflexiones surgidas en cuanto a la
mínima o nula formación sobre estos temas, en particular en este municipio, por
no decir, que esto ocurre en la mayoría de los municipios de Colombia, que
están apartados de los principales centros urbanos de las grandes ciudades. De
los asistentes, que en su mayoría tienen un grado de estudio más allá del
Bachillerato, el desconocimiento sobre el contenido de los Acuerdos suscritos
entre el gobierno y las FARC, de la organización efectuada mediante el Decreto
4100/11 en cuanto al sistema nacional de derechos humanos y el sistema nacional
de información sobre derechos humanos y su funcionamiento a nivel nacional, en
los departamentos y municipios, sobre las generalidades de la jurisdicción
especial para la paz y sus componentes (1. Sala de reconocimiento de verdad, de
responsabilidad y determinación de los hechos y conductas, 2. El Tribunal para
la paz, 2. Sala de amnistía o indulto, 3. Sala de definición de situaciones jurídicas, 4. Unidad de
Investigación y acusación, 5. Sobre la Comisión para el esclarecimiento de la
verdad, la convivencia y la no repetición, 6. La unidad especial para la
búsqueda de personas dadas por desaparecidos en el contexto y en razón del conflicto,
7. El tema de la reparación integral a las víctimas del conflicto y las
garantías de no repetición), la clasificación de los derechos humanos de
primera, segunda, tercera y cuarta generación, los mecanismos de protección,
así como las instituciones encargas de garantizarlos; pareciera que no es el
tema que más dominen en su ejercicio personal. ¿Cómo hacer que una
administración pública, centré su accionar en los derechos humanos?. ¿En la
dignidad humana?.
jueves, 18 de octubre de 2018
miércoles, 3 de octubre de 2018
PARADIGMA HEGEMONICO DOMINANTE
Columna publicada en el Diario la Nación el 03/10/2018
Hace unos días, se llevó a cabo el congreso internacional
sobre innovación en la gestión pública con el concurso de diversas
instituciones estatales y, la reflexión principal, en cada una de las
conferencias, paneles, y socialización de proyectos de investigación estuvo
centrada en lo que significa la democracia, los derechos humanos y el
desarrollo. La percepción de los académicos y comunidad en general, es que la
agenda-nación está subordinada a intereses de las empresas e intereses
extranjeros con relación a la riqueza de Colombia dada una legislación hecha a
la medida que favorece a una gran minoría (ricos). Bajo este criterio, ¿cómo
entender la democracia, los derechos humanos y el desarrollo?. Por tanto, de
ese profundo cuestionamiento, se derivaron otros: ¿existe o no los límites al
poder?, ¿se evidencia la separación de poderes súpedidato a los derechos
fundamentales?, ¿hay límites a la tiranía?, ¿es efectiva la protección a las
minorías?, ¿tenemos la garantía de disenso?, ¿se respeta el derecho a los que
no aspiren a partidos políticos o movimientos sociales o a gobernar?. La
respuesta con cada uno de los trabajos presentados, daba muestras sobre estos
interrogantes. Es decir, todo lo contrario. Estamos y vivimos en un país que
está lejos de establecer los límites al poder, de proteger a las minorías, de
garantizar el disenso, de garantizar y hacer efectivo los derechos humanos, de
entender el desarrollo sólo como crecimiento económico y, peor aún, de no
entender lo que es una verdadera democracia. En esta última, los gobernantes
viven hablando de democracia, pero en el fondo no saben ni qué es, ni les
interesa su esencia. Cualquier sociedad que se dice democrática pone los derechos
fundamentales por encima de todo su ordenamiento jurídico. Dado que una sociedad
que no vele por los derechos humanos, nunca será democrática. Los derechos
humanos, en la visión de los gobernantes, se han convertido en un freno al
desarrollo. Hoy, es más importante el desarrollo que los derechos humanos. En
el mejor de los casos, el Estado se ha dedicado únicamente a la situación
declarativa de los derechos humanos y le ha faltado la garantía y la protección
por encima de cualquier otra cosa, incluso, de la estabilidad de las empresas.
La efectividad no es solo declarándolos y protegiéndolos, sino hacerlos reales con
las políticas públicas. El desarrollo no es solo crecimiento económico. Es más
que eso. Es apropiar el desarrollo humano sostenible, dado que la dignidad del
ser humano, debe estar en el foco del centro de las políticas públicas de un
Estado. Esta es la razón para fortalecer los espacios de participación y
abordar problemas estructurales del país y en una valida democracia, aplicar la
política para tener un marco de convivencia. El futuro no existe, está por
construir. ¿Qué futuro quieres?.
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