¿CIERRE DE LOS ESPACIOS DE LA SOCIEDAD CIVIL?

Columna publicada en el Diario la Nación, el 2 de abril de 2019

En esta coyuntura, vale la pena cuestionar sobre los espacios que tiene la sociedad civil como agente fundamental de la reivindicación y transformación social en estos tiempos y contextos de regresión y limitación de derechos y libertades. Parece que el auge de la constitucionalización de los derechos humanos está en declive. Varios gobiernos en diversas regiones del mundo han adoptado leyes y políticas cada vez más represivas para menguar la acción crítica, de vigilancia y de generación de alternativas de la sociedad civil. Estas leyes y políticas expedidas son cada vez más represivas y amenazan la acción crítica de vigilancia democrática y de generación de alternativas de la ciudadanía y la sociedad civil. Recordemos el debate generado cuando se expidió el nuevo código de policía y que tocó el punto concreto de la protesta. Afortunadamente la Corte Constitucional se pronunció sobre el particular y ordenó al Congreso, que regulara concretamente sobre el particular.  A pesar de las diversas líneas en materia de formación en derechos humanos por parte de las instituciones académicas, educativas y de los establecimientos públicos, la situación se pone cada vez más dura y peligrosa. Es decir, los activistas, periodistas, intelectuales y toda voz disidente, tendrá que enfrentarse o lidiar con restricciones arbitrarias, amenazas físicas, acoso judicial e incluso la muerte. Para la muestra un botón: la muerte sistemática y en aumento de los líderes sociales. La pregunta del millón: ¿En dónde queda la obligación positiva del Estado de promover y proteger un espacio favorable para la sociedad civil en la que no se evidencien violaciones de derechos como la libertad de expresión, de asociación, de manifestación pacífica, libre acceso a la información y de participación en la vida política?. Creemos que aquí es donde tiene sustento o fundamento vislumbrar sobre cuáles serán los nuevos retos de los derechos humanos. Si los derechos humanos dejaron de ser un tema progresista. Si existe la posibilidad de concretar los derechos humanos emergentes producto de las luchas y reivindicaciones de la sociedad civil. Así mismo, si es o no efectiva la protección internacional de los derechos humanos. Qué conciencia se ha adquirido sobre el derecho y el deber de respetar los derechos humanos. Si funcionan o no las garantías ciudadanas ante las restricciones gubernamentales. Cuáles estrategias deben impulsarse en el actual contexto de radicalización o giro que están dando algunos Estados y que repercute en la libertad de expresión y acceso a la información. Hasta dónde la libertad de asociación, manifestación y reunión pacífica se ha fortalecido. Sí los pocos espacios de participación ciudadana se concretan. Si al derecho de la protesta (resistencia civil, no violencia y criminalización de los movimientos sociales), están debidamente garantizados y reglados. Existe o no apropiación del derecho a defender los derechos humanos como un derecho de toda persona. Tendremos la posibilidad de contar con un Estado de la sociedad civil y espacio democrático asegurado. Hay o no una lucha anti-represiva desde los feminismos. Que tanto estamos trabajando en los desafíos de la agenda 2030: sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Todo lo anterior en el entendido de que los derechos humanos son una herramienta de lucha ciudadana imprescindible para reivindicar y fortalecer los espacios de la sociedad civil.

AHORA SI, ¿DIALOGO SOCIAL?

columna publicada en el Diario La Nación,  el 20 de marzo de 2019

En el marco del trámite ante el Congreso de la República del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, aparentemente con visión de largo plazo en atención al bicentenario que cumpliremos como república y los objetivos de desarrollo sostenible, construido en las regiones y con la gente para contar con un gobierno moderno y eficiente; al parecer, se enfrenta a su verdadera prueba de fuego frente a los paros en marcha y los que se están fraguando por estos días. Esto no es casualidad. Todas las organizaciones sociales se dieron cuenta que la única forma de incluir sus peticiones para que se cumplan, es que queden plasmadas en esta carta de navegación del gobierno de turno. Lo que no quede plasmado allí, difícilmente tendrá los recursos suficientes para su realización en el cuatrienio. Es decir, pretender por las vías de hecho, disfrazadas con mingas o paros después de haberse aprobado el Plan por parte del Congreso, es más complejo por el tema del Plan Plurianual de inversiones. Según el nuevo Plan propuesto, este cuenta con unas herramientas innovadoras y/o elementos diferenciadores para su cumplimiento: política social moderna, bienes públicos para el sector productivo, mejora regulatoria y formalización, transformación digital, conexión de territorios, gobierno y población y, gestión pública efectiva. Aquí descansa el discurso del presidente con sus tres pilares fundamentales: legalidad, emprendimiento y equidad. Su estructuración responde a unos pactos transversales y regionales en torno a la sostenibilidad, ciencia tecnología e innovación, equidad de las mujeres, minero energético, servicios públicos, transporte, cultura y economía naranja, transformación digital, grupos étnicos, personas con discapacidad, paz, cultura de la legalidad, víctimas y estabilización, regiones, conexión de territorios y, un gobierno eficiente. Estos pactos se articulan con nueve pactos territoriales y su respectiva visión regional (1. Seaflower, 2. Oceános, 3. Eje Cafetero, 4. Pacífico, 5. Caribe, 6. Santanderes, 7. Orinoquía-Llanos, 8. Central y, 9. Amazonía). Sobra decir, que este Plan contiene 20 grandes metas de las 600 que están allí, inicialmente planteadas y con una programación de 1.100 billones de pesos para el cuatrienio. Sin embargo, no todo es color de rosa. Según el centro de pensamiento y diálogo político FARC-CSIVI publicó un documento donde analizan si hay o no metas planteadas en reforma rural integral, participación política, fin del conflicto y reincorporación, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, implementación, enfoques transversales de género y enfoque, titulado: “La paz ausente. Un Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) sin capítulo específico de la implementación del acuerdo de paz”, por un lado. Luego, lo secundan las movilizaciones indígenas. El paro de FECODE no se hizo esperar. Se suman las réplicas de los partidos de oposición. Los cafeteros notificarán la hora cero, etc. Al parecer, ahora sí tendrá que surtirse el diálogo social efectivo y no sólo de consultas de lo que queremos en ese Plan. No la situación no está nada fácil.