En esta coyuntura, vale la pena cuestionar sobre los espacios que tiene
la sociedad civil como agente fundamental de la reivindicación y transformación
social en estos tiempos y contextos de regresión y limitación de derechos y
libertades. Parece que el auge de la constitucionalización de los derechos humanos
está en declive. Varios gobiernos en diversas regiones del mundo han adoptado
leyes y políticas cada vez más represivas para menguar la acción crítica, de
vigilancia y de generación de alternativas de la sociedad civil. Estas leyes y
políticas expedidas son cada vez más represivas y amenazan la acción crítica de
vigilancia democrática y de generación de alternativas de la ciudadanía y la
sociedad civil. Recordemos el debate generado cuando se expidió el nuevo código
de policía y que tocó el punto concreto de la protesta. Afortunadamente la Corte
Constitucional se pronunció sobre el particular y ordenó al Congreso, que
regulara concretamente sobre el particular. A pesar de las diversas líneas en materia de
formación en derechos humanos por parte de las instituciones académicas, educativas
y de los establecimientos públicos, la situación se pone cada vez más dura y
peligrosa. Es decir, los activistas, periodistas, intelectuales y toda voz
disidente, tendrá que enfrentarse o lidiar con restricciones arbitrarias,
amenazas físicas, acoso judicial e incluso la muerte. Para la muestra un botón:
la muerte sistemática y en aumento de los líderes sociales. La pregunta del
millón: ¿En dónde queda la obligación positiva del Estado de promover y
proteger un espacio favorable para la sociedad civil en la que no se evidencien
violaciones de derechos como la libertad de expresión, de asociación, de
manifestación pacífica, libre acceso a la información y de participación en la
vida política?. Creemos que aquí es donde tiene sustento o fundamento vislumbrar
sobre cuáles serán los nuevos retos de los derechos humanos. Si los derechos
humanos dejaron de ser un tema progresista. Si existe la posibilidad de concretar
los derechos humanos emergentes producto de las luchas y reivindicaciones de la
sociedad civil. Así mismo, si es o no efectiva la protección internacional de
los derechos humanos. Qué conciencia se ha adquirido sobre el derecho y el
deber de respetar los derechos humanos. Si funcionan o no las garantías
ciudadanas ante las restricciones gubernamentales. Cuáles estrategias deben
impulsarse en el actual contexto de radicalización o giro que están dando
algunos Estados y que repercute en la libertad de expresión y acceso a la
información. Hasta dónde la libertad de asociación, manifestación y reunión
pacífica se ha fortalecido. Sí los pocos espacios de participación ciudadana se
concretan. Si al derecho de la protesta (resistencia civil, no violencia y
criminalización de los movimientos sociales), están debidamente garantizados y
reglados. Existe o no apropiación del derecho a defender los derechos humanos
como un derecho de toda persona. Tendremos la posibilidad de contar con un Estado
de la sociedad civil y espacio democrático asegurado. Hay o no una lucha anti-represiva
desde los feminismos. Que tanto estamos trabajando en los desafíos de la agenda
2030: sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Todo lo anterior en el
entendido de que los derechos humanos son una herramienta de lucha ciudadana
imprescindible para reivindicar y fortalecer los espacios de la sociedad civil.
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