Culminado el proceso electoral, vuelve la aparente calma en
nuestra triste y cruel realidad, agobiada por tantas dificultades que padecemos
en este país. Hace unos días, la ESAP convocó a un Foro sobre el balance del
Marco de Implementación sobre los Acuerdos. Situación preocupante. Lo cierto es
que, tenemos una prioridad que se debe alertar y alentar, y tiene que ver con el
cumplimiento del Plan Marco de Implementación de los Acuerdos de Paz. La
percepción es que se ha relentizado su ejecución y, no es conveniente, para los
intereses relacionados con la paz y transformación de Colombia. No es posible
que la academia, la sociedad civil, y en general, todas las entidades del
Estado manifiesten desconocimiento, contribuyan con las dilaciones, retrasos,
distorsiones, simulaciones, incumplimientos o modificaciones de los mismos;
dado que el reto principal es que estos deben traducirse en una política
pública una vez incorporados en los planes de desarrollo y garantizada su
financiación en los próximos 10 o 15 años. El llamado es para las instituciones
de educación superior a fin de caracterizar los acuerdos, en el entendido que
se escuchen los saberes de la población, para que se entienda y comprenda el
proceso mediado por obstáculos y oportunidades en sus días, meses, años y
décadas de implementación. Que al ser una sociedad democrática, no se deben
entender los Acuerdos como maximalistas, sino desde la óptica de lo
minimalista, es decir, de la complejidad que lo caracteriza. Así mismo, que su
lectura no puede hacerse de manera aislada, sino bajo los enfoques de género,
de derechos humanos, territorial, etc. Que no es posible que en lo que va
corrido de firma de los Acuerdos, el gobierno frente al Plan Marco de
Implementación sólo presente en rendición de cuentas unas bases en power point
sin enfoques, sin líneas base, sin metas, sólo con 100 indicadores de gestión,
más no con indicadores de resultados. Además, de modificar unilateralmente de
10 a 15 años este proceso. Menos, el de aún no iniciar la modificación de la
Ley 152 de 1994 para lograr su incorporación en los planes de desarrollo como
está estipulado en su texto y diseño, lo cual es grave. Pero más, el hecho de
estar desfinanciado. Para algunos actores, manifiestan que costará 5.2%
billones del PIB por año, para otros, que será de 2%, algunos que no llegará ni
al 1% y ello, en un plazo de 15 años. Así mismo, que el plan requería recursos
nuevos para su financiación de al menos uno 47 billones. Pero al realizarse la
simulación, casi 39 billones no son recursos nuevos, sino que eso ya se vienen
trabajando. Eso es mucho más gravísimo. Esto se evidencia en los informes del
Instituto Kroc. No se puede bajar el acelerador en este proceso. Retos del
nuevo gobierno.
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