Por el proceso electoral vigente, hemos pasado a un segundo plano el
fenómeno migratorio venezolano. Y los que vivimos en el centro del país, menos
preocupación al respeto. No obstante, mínimamente nos habremos cuestionado en
el Huila sobre ¿Cuántos venezolanos ya están en nuestro territorio?, y ¿qué ha
pasado con quienes han llegado?. Al parecer, ese asunto como que se lo dejamos
es a las alcaldías o gobernación para que se encarguen desde el registro
administrativo de migrantes venezolanos (RAMV) y, todo lo demás. Pensar así, es
irresponsable. Ya los efectos los tenemos a la vista: venezolanos de taxistas,
mototaxistas, etc. Quienes hemos tenido la oportunidad de vivir y trabajar en
una zona de frontera, tenemos más conciencia sobre esta situación. Nos compete
a todos involucrarnos en lo que significa la migración, migrantes, refugiados y
su impacto para salirle al paso a la xenofobia, rechazo, hostilidad,
aculturización deculturización, transculturización reculturización,
neoculturización, hibridación cultural,
estigmatización e indiferencia hacia esta población y, más bien, tratar
de evitar al mínimo la vulneración o, más bien, incidir en la garantía de sus
derechos, dignidad, compromiso, comprensión, oportunidades, integración,
asistencia y sensibilización como un ciudadano más de este mundo globalizado
que es. En el caso de Venezuela, por su desequilibrio económico (hiperinflación
en más de 13.000%, su pérdida del poder adquisitivo, escases de recursos y
materias primas), la migración hacia nuestro país en busca de mejores
oportunidades, continuará aumentando. No hay solución a la vista. Es de pleno
conocimiento que la entrada de ciudadanos del país hermano a territorio
colombiano ha causado una serie de problemáticas de alto impacto en aspectos
como seguridad, salud, empleo, registro migratorio, educación, niñez,
comunidades indígenas; que han demandado inversiones no contempladas dentro del
presupuesto nacional y, tampoco existente en los locales. De ahí la
importancia, como lo han reiterado distintos actores, de contar con soluciones
de Estado y no de gobierno de turno o de paños con aguas tibias. Es decir, una
política pública integral de migración. Que contenga una amplia regulación
sobre las dimensiones del tránsito transfronterizo (en Tarjetas de movilidad fronteriza,
permiso especial de permanencia, sistema de registro de información de
extranjeros) y que promueva una amplia pedagogía sobre el particular. También,
herramientas tecnológicas para hacer seguimiento y control de la frontera. Que
impulse el fortalecimiento institucional (desde alcaldías, gobernaciones, red
de instituciones con autoridades nacionales y regionales) y se gestione con la
creación de un fondo para obtener más recursos y efectuar valoraciones
sectoriales de necesidades a fin de solucionar problemáticas puntuales de la
frontera. Poner a andar el registro administrativo de migrantes, así como a la
atención de población migratoria y fronteriza. Un programa completo de
atención, no sólo a los connacionales que retornan, sino a las comunidades
receptoras. Es decir, que impacte en políticas sociales, económicas educativas
y sociales de estas zonas en particular. No al desarraigo.
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