Obert
Alejandro Ortiz Rodríguez[1]
1Escuela Superior de Administración
Pública – ESAP, Programa de Posgrados. Maestría en Administración Pública. Bogotá D.C., Colombia. Email: alejandrortizr@gmail.com
INTRODUCCIÓN
En la percepción de la ciudadanía de
un Estado, y en el caso que nos ocupa en particular, la de Colombia; existe el
consenso generalizado que es a los gobernantes los que les corresponde impulsar
políticas que contribuyan a cerrar las brechas entre pobres y ricos, y que en
este esfuerzo, también se superen las desigualdades o inequidades que aqueja a
un grueso grupo de población, por no decir, su mayoría. También, se considera
que en este ejercicio, si bien los políticos no ejecutan las políticas públicas
para superar este problema, es muy poco su protagonismo en la realización de
situaciones concretas para aliviar esta carga del gobierno que al fin al cabo
es del mismo Estado. A lo anterior, se suma que en la estructura de la rama ejecutiva,
en especial los gobernantes locales (servidores públicos), desconocen la
fundamentación de políticas del gasto público, en particular, las destinadas al
gasto social. Y si nos detenemos a reflexionar un poco más, la población o
sociedad civil, está aún menos informada en cuanto a la relación profunda que
existe entre el mercado (modelo económico), el Estado y la misma ciudadanía en
cuanto a la gestión de la pobreza y la lucha contra las desigualdades como
mecanismo de superación de las bajas capacidades de la personas (pobres) o
potenciación de las mismas (superación de la pobreza) representadas a través de
políticas públicas que tienen como sustento lograr el equilibrio entre la
equidad y la eficiencia en el gasto público sin descuidar con los diferentes
programas a la población menos pobre o menos aventajada. Podría decirse que ni
los economistas en general tienen el interés de fomentar debates sobre cómo
abordar la superación de la pobreza en sus diferentes manifestaciones,
contextos locales y programas públicos.
POLITICAS DEL
GASTO PUBLICO EN COLOMBIA
Con frecuencia, en nuestras
conversaciones diarias sobre los problemas a solucionar en el país, no está
presente (tal vez por desconocimiento), debatir sobre los montos o cantidades
de recursos requeridos para superar las desigualdades, inequidades, miseria y
pobreza extrema, ni tampoco, las estrategias, programas, acciones, políticas
públicas a diseñar e implementar, ni mucho menos argumentos que conduzcan a
generar evaluación de las que se están ejecutando y sus respectivos impactos en
los diferentes contextos locales. Es más, desconocemos los programas que se
están ejecutando en su verdadera dimensión y su razón o fuente de financiación
o la parte que se está tomando de la totalidad del Presupuesto General de la
Nación. Ante este panorama, no está claro lo que significa el gasto público en
toda su dimensión y la que corresponde específicamente al gasto público social
(recursos dedicados a la superación de la pobreza), aún menos su medición,
inconvenientes, su discusión política, su impacto y la focalización (Escobar, A
y Olivera, M. 2013). Por otro lado, tampoco fortalecemos la apropiación en
cuanto a las proyecciones oficiales sobre ingresos y gastos del gobierno a
futuro (Villar, L. y Forero, D. 2014), teniendo como disyuntiva las diferentes
vulnerabilidades a los que esté sujeto (cambios de la economía a nivel
internacional, reformas a implementar) y que afecten la disminución del gasto
público y, en particular, los recursos destinados a garantizar los programas de
intervención en los sectores vulnerables de la población.
A pesar de lo aquí advertido, no
podemos sólo quedarnos en lamentos o quejas por desconocimiento o cualquier
otra justificación. Existe una realidad: sí hay política para el gasto público,
proyección o escenarios para la obtención e inversión de recursos públicos de
acuerdo al Marco Fiscal de Mediano Plazo y la regla fiscal establecidos por
Ley, como también la existencia de programas en la gestión de la pobreza y
lucha frontal contra la desigualdades o inequidades, así correspondan a
directrices o consensos de instancias internacionales o multilaterales y que
las mismas han sido aplicadas en el contexto colombiano.
La situación es que en el caso
colombiano a pesar de que las cifras muestran que aunque en algunas situaciones
la incidencia del gasto público social ha mejorado, la pobreza y la desigualdad
no se reducen (Escobar, A. y Olivera M. 2013. Pág. 42), y ello, dificulta
entender con certeza las razones de esta paradoja (se invierten más recursos,
pero no disminuye el problema). Es
decir, se ha aumentado anualmente la destinación de recursos en el Presupuesto
General de la Nación, para atender a los que en la literatura se conoce como los
“menos aventajados” o “pobres” a fin de superar sus privaciones que limitan
gravemente sus capacidades, pero no se evidencia disminución o impacto positivo
en este esfuerzo estatal que ponga fin, o por lo menos lo lleve a indicadores
mínimos sobre barreras existentes en
cuanto a pobreza.
Se da por entendido entonces que sí
existen recursos para la atención de los más pobres en nuestro país. Pero,
¿sabemos exactamente donde están los pobres?, ¿cuáles son las principales
necesidades básicas insatisfechas?, ¿tenemos identificadas las limitaciones de
sus capacidades que impiden el tipo de vida que consideran valiosa?, ¿qué tipo
de bienes públicos requieren para solucionarlos a través de los recursos
públicos de los que se dispongan?, ¿están identificados los programas en cada
ente territorial (departamentos o municipios)
se implementan o ejecutan (focalización) para la gestión de la pobreza?,
¿Dónde están los que ya superaron la línea de pobreza?, ¿ha sido más difícil
que los pobres salgan de esa línea que demarca entre pobres y se inserten en la
clase media a cumplir los fines del mercado o que los de la clase media queden
privados del mismo y lleguen a engrosar las estadísticas de los más pobres?,
¿será suficiente todo el recurso del mundo para superar la pobreza o
definitivamente esta requiere de altos estándares de educación para salir del
atolladero?, ¿suficiente con crecimiento económico o con desarrollo a escala
humana para entender el clamor de los pobres?; todo ello son interrogantes que
debemos responder (incluso con debate político) como aporte a las acciones que
se están implementando por parte del Estado bajo el nombre de políticas
públicas.
Definitivamente, el mundo cambió, los
modelos económicos están en constante cuestionamiento, el rol de la ciudadanía
es diferente y responde a otras exigencias, el desarrollo ya no sólo es
comparable con crecimiento económico sino también con el de desarrollo
ambiental, alternativo y a escala humana, la dimensión territorial también está
en constante transformación al ser el espacio de identidad de las personas,
también los sistemas y regímenes políticos deben responder a estos nuevos
requerimientos; lo cual hace que debe darse una mirada distinta al tema de la
superación de la pobreza y su abordaje por parte de los gobiernos locales para
que sea mucho mejor concebida y focalizada bajo la orientación de hacer posible
la potenciación del ser humano a fin de fortalecer sus capacidades para que
responda a las exigencias del mercado y no quede excluido del mismo dado el
modelo económico imperante dentro del Estado Social de Derecho que tenemos.
Somos partidarios en que la gestión de
la pobreza, debe partir desde los fines propuestos por la focalización. No se
puede seguir implementando programas que respondan a las políticas del gasto
público social desde el nivel central sin un verdadero seguimiento y control
desde lo local. En otras palabras, así como el desarrollo se persigue desde lo
local para que responda a lo global, la lucha contra las inequidades y
desigualdades, también debe ser coherente con estos mismos parámetros.
Esta tarea, involucra a todos los actores de una sociedad (sector
público y privado, políticos, gobernantes, sociedad civil e incluso a
organizaciones cooperantes), que tiendan a enfrentar el problema de manera más
profunda y no con tintes asistencialistas representados en subsidios para que
no se siga aferrando en el tiempo, el paternalismo estatal.
Al tener focalizados los pobres
(mapeados), es más contundente el diseño e implementación de políticas de gasto
social que impacten en los indicadores de superación de la problemática y no
daría lugar a que quienes aún en la realidad o práctica no sean pobres se
aprovechen de los beneficios otorgados a quienes se pretenden impactar sus
capacidades personales. Definitivamente, lo que más se debe trabajar desde
estas políticas, es el tema educativo. Por lo general, los más pobres no han
tenido acceso a educación. La educación constituye el rasgo principal para
potenciar las capacidades y necesidades de las personas y lo hace más resiliente
a las diferentes adversidades además de prepararlo para ser competitivo.
Estamos seguros que el garantizar la educación básica y media para todos, eleva
el capital humano. De la misma forma, facilitar el ingreso a la educación, en
especial la técnica y la tecnológica tendrá mejores condiciones para
desarrollar mejor ese capital. A través de la educación, el mismo ciudadano en
el contexto de la pobreza debe entender que su ciclo es pasajero y debe lograr
insertarse en el mundo competitivo para que no se siga comportando como un
mantenido o producto del asistencialismo. Deben entender o tomar conciencia
(los pobres) que sus activos humanos, físicos, naturales y financieros no deben
permanecer en vulnerabilidad absoluta. Aspectos como la prevención, son fundamentales.
Esto lograría poner fuera de contexto la “culturización de la pobreza”, sino la
cultura de la transición o salto cualitativo al mundo de las oportunidades o al
mundo de los no pobres.
Las dificultades para el logro de
tener una mejor ciudadanía educada, estarían en la cantidad de bienes básicos
(fuentes públicas) que se deben disponer para el cumplimiento de estos
objetivos. Indiscutiblemente, con cifras concretas en cuanto número de pobres
(reiteramos la focalización), se debe emprender un proceso de debate político
en las diferentes instancias, local, departamental y nacional, incluso al
interior de cada establecimiento público y empresarial para la obtención de
dichos recursos (ingresos), bien a través de la eficiente recaudación de
impuestos, tasas o contribuciones que permitan una mayor destinación y uso para
la implementación de programas específicos transitorios que contribuyan en la
superación de la pobreza, o en el aumento de los ya existente o creación de
nuevos para ser bien utilizados en la educación requerida para los más
pobres. Somos conscientes que una
ciudadanía mejor educada, hará mejor uso de sus derechos y tiene más conciencia
de sus deberes y responsabilidades frente a la carencia de sus activos. Con
procesos de educación fuerte, los mismos sujetos objeto de superación de
pobreza, serían los actores fundamentales para aportar en las estrategias y
programas que contribuyan en la superación de sus carencias. Aquí volvemos a
los principios del desarrollo local, en el entendido que quién mejor para
entender lo que requiere para su desarrollo que la propia comunidad local. Los
denominados pobres, al tenerlos como protagonistas del objeto de intervención,
generarían sus propias estrategias para salir de su atadura de marginación social
o de pobreza. Aquí el rol de los gobiernos locales como promotores de esta
intervención, canalización de recursos y ejecutores de las políticas de
inclusión social como resultado del debate popular. El objetivo es que se final es que se
promueva a los que realmente lo necesitan y no se beneficien una gran mayoría
de colados que sí pueden responder a las exigencias del mercado. De la mano de
la educación, se maximizan otros servicios adecuados y de manera eficiente y
equitativa como la salud, vivienda y acceso a servicios públicos básicos
esenciales. Cabe la máxima: una población educada, es más reflexiva.
.
CONCLUSIONES
Para potenciar las capacidades
individuales de las personas en Colombia que los aleje de ese punto sin retorno
que es la pobreza, se requiere un mayor esfuerzo por parte del Estado en
garantizar la disposición de más recursos económicos dentro del Presupuesto
General de la Nación destinados al gasto social que impacten principalmente en
la educación de la población más desamparada para que tengan herramientas o
competencias con las que puedan enfrentar su autorrealización o superación
personal, familiar y como colectivo social en este mundo gobernado por el
mercado. Con la educación, no sólo se
transforman sus conocimientos sino que se obtienen la bases explicativas sobre
el fenómeno de la pobreza y las inequidades o desigualdades y se culturizan
para enfrentar la vulnerabilidades que se deben aguantar a lo largo de la vida
por distintos riesgos de diversas
fuentes (naturales, económicas, idiosincráticas y covariantes). De igual forma,
con procesos educativos, se entenderá, porqué los gobiernos de turno, utilizan
los programas de superación de la pobreza extrema como trampolines para captar
votos y acceder a las Corporaciones públicas, así como el origen de los mismos
que obedecen a imposiciones internacionales y no a programas originales, sino
que su respuesta y ejecución es para no afectar el modelo económico y la puesta en riesgo de capitales
extranjeros o de inversión. También, como sociedad formada, se contaría con una
mayor capacidad de debate sobre qué y cómo abordar nuestras propias
problemáticas locales.
Un país que reclama mayor
descentralización y autonomía en sus entidades territoriales, no debe ser ajena
a los asuntos de pobreza. Sus aspiraciones no sólo están enfocadas a un mejor
manejo de su territorio con vías de acceso, servicios públicos, manejo y
disposición del presupuesto y la
búsqueda de un desarrollo apropiado, sino adopta también los propios mecanismos
de lucha contra la superación de la
pobreza. El reto es menos pobres o disminución de los no aventajados. Todo
ello, por supuesto bajo la utilización controlada y eficiente de los recursos
que se destinen para estos objetivos.
BIBLIOGRAFÍA
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Elementos para una nueva reforma tributaria.
Cuadernos Fedesarrollo 52.
Fedesarrollo.
[1] Abogado, Especialista en Gestión Pública y estudiante de la Maestría
en Administración Pública. Escuela Superior de Administración Pública-ESAP,
Facultad de Posgrados. Ensayo dentro del
curso de Finanzas Públicas y Políticas.
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