La Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, lanzó su
informe de coyuntura sobre los efectos del Covid-19 y planteó que América
Latina tendrá 215 millones de personas pobres en la próxima década, 15 millones
en pobreza extrema y, 30 millones con incapacidad de compra y por debajo de
ingresos de un dólar diario. De esa cifra, ¿Cuántos aporta Colombia?. En círculos
académicos, se expresa que nuestro país ha perdido 5 millones de empleo en estos
primeros 100 días de pandemia. Entonces, ¿Cuánto habrá caído nuestro PIB?.
¿Cuánto habrá aumentado nuestro índice de Gini?. ¿Cuáles serán nuestros
desafíos de equidad, crecimiento y, recuperación económica en esta próxima
década?. Importante, traer a colación los planteamientos de Mariana Mazzucato,
directora del Centro de Innovación y Valor Social de Lóndres que contribuyen al
debate de estos interrogantes y en la que plantea que lo principal es fortalecer
la inversión pública por parte del Estado, por los siguientes aspectos: 1.-
Retomar la importancia de robustecer los bienes públicos por parte del Estado (la
salud, educación, ciencia y tecnología, entre otros) para que otra crisis no
nos atropelle y encuentre como un Estado débil, raquítico y no de las
respuestas correspondientes. 2.- Volver a recuperar la misión perdida sobre la
aproximación a la inversión pública como un propósito nacional, meta o faro
definido para responder con inmediatez, corto y largo plazo. Esto no debe ser
de un gobierno de turno sino como política de Estado. Y, 3.- Recuperar la
capacidad del Estado para solucionar los problemas básicos de la ciudadanía. Estas
ideas fuerza se explican en lo siguiente: a.- Es necesario que el presupuesto
de inversión pública tenga unas prioridades de Estado. b.- La coordinación para
definir ese presupuesto de inversión pública debe ser intersectorial y con
interdependencia, entrelazadas, nada suelto ni aislado de los gobiernos
locales. c.- Fortalecer la capacidad de
nuestro Estado para dar respuesta a diversas situaciones para que impulse los
grandes avances y retos, incluso, los científicos y, esté lejos de verse
descuadernado, desorganizado, raquítico e impotente ante la sociedad. d.- Que
las respuestas que dé o proporcione el Estado deben ser concretas y ágiles,
mirando el corto plazo, pero con visión de foco. e.- Desde el Estado, la
transparencia debe ser un fin nacional. Un peso que esté en manos de la
corrupción, debe ser castigado, tiene que tener la connotación de un delito de
Estado y, cortarse de raíz. No nos podemos permitir el lujo de ser uno de los
países más desiguales y a la vez el más corrupto. Así, no iremos a ningún
lugar. Todas las compras del Estado deben ser transparentes. Cualquier hecho de
corrupción, la ciudadanía debe manifestarse y tener esa capacidad de
movilizarse para que se castiguen los autores de los hechos corruptos. f.- Que
esas inversiones públicas realizadas, generen “valor social”. Pues toda la
acción del Estado, sus capacidades y productos deben estar conectados para
lograr impactar y cambiar a la sociedad. No podemos seguir haciendo lo mismo,
ni seguir en lo mismo. g.- Sí hay la
necesidad de cambiar marcos legales, para que esta transformación del Estado se
dé, habrá que hacerlo. Eso no implica que por defender lo público, haya que
cambiarlo todo. Lo importante, se reitera, es la generación de “valor social”.
Esta es una lucha de todos. ¡Adelante!.
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