El Presidente Santos, además de expresar su lamento por el hecho de que en las recientes elecciones, 14 de los 32 departamentos de Colombia quedaran sin representación en el Senado, nos notifica que es necesario una reforma política y, para ello, reunirá a las fuerzas que conforman la Unidad Nacional para plantearles la conveniencia de presentar el proyecto respectivo en esta legislatura o la siguiente, pues se requiere revisar aspectos como el voto preferente.
Al respecto, digamos que lo asimilamos con inocencia, con prudencia y con ansias el mensaje. No obstante, una vez recapacitamos, más bien le manifestamos que lo que el país necesita es una revisión profunda al modelo descentralizador promovido a mediados de los 80 con el Acto Legislativo No. 01/86 (elección popular de alcaldes), las leyes 14 de 1983 (régimen tributario local), 11/86 (modernización de municipios), 12/86 (participación de municipios en ingresos corrientes) y, fortalecido con la Constitución del 91 no sólo en lo político, sino con un alcance administrativo y fiscal y con una fuerte incidencia lo económico y social.
Si bien es cierto que desde 1810 hasta 1988 el país tuvo una organización piramidal del poder, ésta sufrió un quiebre en 1984 al incluir el mecanismo de participación comunitaria para la elección popular de Alcaldes, concretado en 1988 y a finales del 91 con la de gobernadores. Desafortunadamente, el modelo promovido, cambió de forma, pero no de fondo al establecerse el ejército de ediles, concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, representantes y senadores que aprendieron rápidamente y se pusieron fue al servicio de ciertas organizaciones políticas integradas por caciques y varones electorales, capaces de traspasar su poder a sus cónyuges, hijos y familiares, además de adueñarse de las instituciones y de sus presupuestos como fortín.
Como expresara Jaime Castro, Ex alcalde de Bogotá: no habrá reforma política nacional, sino se hace una reforma política territorial donde se cambie toda esta endogamia política. Aquí es claro que esta clase política no tiene interés en cambiar esas reglas de juego con las que conviven y que ellos mismos hicieron. No habrá disposición para establecer inhabilidades que abarquen a familiares, modificación de umbrales, fortalecimiento de la revocatoria y consulta popular, eliminación de elecciones atípicas para completar periodos, prohibición a organismos de control de ser parte del engranaje político local, fortalecimiento del voto en blanco e impulso a nuevos municipios. ¿Entonces?.
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