Columna publicada en el Diario la Nación el 01/03/2022
Hace algunos
días se llevó a cabo en Neiva la jornada de intercambio de saberes para la
construcción de la política pública de participación ciudadana con el liderazgo
del Ministerio de Interior. En el formulario de inscripción virtual se
realizaron algunas preguntas orientadoras a los posibles participantes para
tener una percepción sobre el nulo, poco o amplio conocimiento del tema. De los
primeros 100 inscritos: el 74.4% mujeres, 24.4% hombres y el resto de comunidad
LGTBIQ. En este grupo de interesados, hacían parte integrantes de la mesa de
participación y municipal de víctimas, programa de etnias, mujeres cabeza de
hogar, colectivo de mujeres Neiva somos más, consejo municipal de mujeres, red
de mujeres comunitarias, afrodescendientes, desplazados, juntas de acción
comunal, comunidad campesina, veedurías, sindicatos, jóvenes, pensionados,
mujeres líderes, indígenas, movimiento juvenil, fundaciones, ediles,
estudiantes, asociación de artesanos gastronómicos, víctimas del conflicto
armado, servidores públicos, entre otros. Al cuestionamiento sobre el
conocimiento de la Ley 1757 de 2015, el 68.9% expresó no conocerla. Sólo el
31.1% dijo tenerla apropiada. A los que expresaban su conocimiento del
contenido de la Ley indicaron que se refería a los mecanismos de participación
ciudadana, que estaba orientada a diferentes esfuerzos que se han venido
desarrollando para lograr una democracia más incluyente, sobre violencia contra
la mujer, derecho de petición, plan de participación, ley mediante la cual los
ciudadanos pueden determinar quien tomará las decisiones mediante elección de
representantes, indica los mecanismos de participación por medio del voto plebiscito,
revocatoria, cabildo abierto, protege y garantiza el derecho a participar en
actividades políticas, sociales, culturales y permite hacer control político,
registra la participación democrática de las organizaciones civiles, regula la
iniciativa popular, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, establece
la participación que tenemos todos los colombianos, acción de tutela, consejo
municipal de participación ciudadana, todo sobre veedurías, aplicación de los
derechos fundamentales, entre otros. No faltó los que dijeron que tocaba
leerla. Y finalmente se les preguntó, sobre la temática en la que le gustaría
participar en la jornada de intercambio de saberes. El 57.8% expresó su interés
en los mecanismos de participación ciudadana. El 18.9% en control social, 18.9%
en veedurías ciudadana y el resto en rendición de cuentas. Así mismo, el rango
de edad de los participantes se clasificaba en un 33.3% con más de 54 años, el
6.7% entre 45 a 54 años, el 21.1% entre 35 y 44, el 11.1% entre 25 a 34 años y
el 7.8% con 18 a 24 años. Una vez en el encuentro, la revisión y análisis de
problemáticas se centró en cómo abordar y enfrentar la baja apropiación
institucional y de la ciudadanía en la implementación social de los mecanismos
de participación, control y ejercicio pleno de la participación ciudadana, como
deber y derecho de los ciudadanos consagrados en la legislación nacional. Han
transcurrido más de 6 años de la expedición de esa normativa que contempla más
de 140 espacios de participación ciudadana en los 24 sectores de la
administración pública y, nada que llega plenamente al corazón del ciudadano.
Institucionalmente, desde la ESAP se ha trabajado mucho en el tema, pero no se
avanza. Falta pedagogía. Como en muchas otras normas. Si eso se presenta en
este grupo, qué resultados arrojaría en la población en general. Bien por este
espacio. En democracia se requiere profundización de esta política.
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