Jueves, 02 Mayo 2013 07:58
Con el escándalo
suscitado a raíz de la elección de Alberto Rojas Ríos como nuevo
magistrado de la Corte Constitucional, otra vez pone en aprietos, no
sólo el prestigio de esta máxima instancia de guarda y fe de la norma de
normas, sino también a nuestros Senadores, por supuesto, los honorables
del Huila con el voto confiado, como consecuencia de la imposibilidad y
resistencia de los nexos políticos entre estos y el elegido.
Qué coincidencia que la gran mayoría le dieron el sí a ojo ciego. No me cansaré de expresar mi nostalgia con respecto a los primeros magistrados que conformaron la Corte Constitucional en la década del 90, una vez creada por la Constitución de 1991. No sólo llegaron los mejores para el cumplimiento de esta máxima dignidad, sino que también sentaron las verdaderas bases del Estado Social de Derecho plasmada en el espíritu de la Carta Política, pero que hoy se están resquebrajando.
Ya no es la misma Corte, es de bolsillo, reconocemos quienes nos consideramos hijos de la actual Constitución por habernos formado como abogados por esta época. Entre algunos motivos, su repentino cambio jurisprudencial en asuntos de trascendencia nacional, su corte legislativo, sus sentencias moduladas, el partidismo político y hasta la formación de sus integrantes. Ni qué decir, con un nuevo magistrado como el que acaban de elegir, que con artimañas (como se conoció en los medios de comunicación) no cumplió éticamente con su cliente. Eso nos permite cuestionar su elección por parte de los invulnerables en valores, como son los Senadores. En otras partes del mundo, ya se empieza a contemplar su elección directamente por el pueblo como resultado de un análisis a su hoja y estilo de vida impoluta, pues se entiende que nada más y nada menos, le corresponde la guarda de la norma más importante de un Estado, y que su actuación no debe estar teñida por mantos de duda, gestiones y respaldos políticos.
Un magistrado, debe llegar allí, sin un mínimo cuestionamiento de acuerdo a su intachable hoja de vida. Quiere decir, que su posesión, ya nos dejará un sabor amargo ante los colombianos y eso sería nefasto y perjudicial para debilitar aún más, la credibilidad de esta instancia constitucional. Esta coyuntura servirá para repensar el funcionamiento de la justicia constitucional.
Qué coincidencia que la gran mayoría le dieron el sí a ojo ciego. No me cansaré de expresar mi nostalgia con respecto a los primeros magistrados que conformaron la Corte Constitucional en la década del 90, una vez creada por la Constitución de 1991. No sólo llegaron los mejores para el cumplimiento de esta máxima dignidad, sino que también sentaron las verdaderas bases del Estado Social de Derecho plasmada en el espíritu de la Carta Política, pero que hoy se están resquebrajando.
Ya no es la misma Corte, es de bolsillo, reconocemos quienes nos consideramos hijos de la actual Constitución por habernos formado como abogados por esta época. Entre algunos motivos, su repentino cambio jurisprudencial en asuntos de trascendencia nacional, su corte legislativo, sus sentencias moduladas, el partidismo político y hasta la formación de sus integrantes. Ni qué decir, con un nuevo magistrado como el que acaban de elegir, que con artimañas (como se conoció en los medios de comunicación) no cumplió éticamente con su cliente. Eso nos permite cuestionar su elección por parte de los invulnerables en valores, como son los Senadores. En otras partes del mundo, ya se empieza a contemplar su elección directamente por el pueblo como resultado de un análisis a su hoja y estilo de vida impoluta, pues se entiende que nada más y nada menos, le corresponde la guarda de la norma más importante de un Estado, y que su actuación no debe estar teñida por mantos de duda, gestiones y respaldos políticos.
Un magistrado, debe llegar allí, sin un mínimo cuestionamiento de acuerdo a su intachable hoja de vida. Quiere decir, que su posesión, ya nos dejará un sabor amargo ante los colombianos y eso sería nefasto y perjudicial para debilitar aún más, la credibilidad de esta instancia constitucional. Esta coyuntura servirá para repensar el funcionamiento de la justicia constitucional.
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