Uno
de los factores fundamentales para que la población se sienta tranquila,
confiada y, tal vez en paz en un determinado contexto; está relacionado con los
indicadores sobre los comportamientos delictivos que a diario ocurren y que
afectan o alteran esa tranquilidad, confianza y pacífica convivencia ciudadana.
De igual forma, las estrategias, esfuerzos y acciones que despliegan los
cuerpos de seguridad y autoridades para contrarrestarlo. No obstante, cuando la
población desconoce esos indicadores, así como las actividades cumplidas para
minimizarlos; la zozobra sobre inseguridad crece en la población con sus
efectos que ello conlleva. Esa es la importancia que representan los
observatorios del delito que se han conformado con la decidida participación de
la sociedad civil en distintas ciudades del país, para generar información
ágil, oportuna y técnica para actuar. En
Neiva, afortunadamente con la gestión del Nuevo Fiscal General de la Nación y
del Seccional, no propiamente se creó el observatorio, pero sí se está semanalmente
emitiendo desde el pasado mes de enero un “Censo Delictivo” que refleja y da a
conocer todos los tipos de delitos que se están cometiendo a diario en todo el
departamento. Por ahora, se está remitiendo al gobernador y al Alcalde de Neiva
para lo de su competencia. El problema se presenta cuando estas instancias no
socializan ante la comunidad esta información. Por ahora, no quiero dejar la
responsabilidad en la sociedad o comunidad que no quiere informarse por
ignorancia o por falta de interés y, que solo espera que el Estado actúe. Como
expresara en días anteriores el Fiscal Seccional en el debate adelantado por la
Asamblea Departamental en Pitalito, sobre temas de seguridad: la información se
genera, se da a conocer a estas instancias, lo que uno espera es que se dé la
articulación para actuar (con política pública) en virtud de las competencias
que cada institución tiene y le corresponde. Personalmente, cuando uno tiene
acceso a las estadísticas delincuenciales en el departamento causa estupor por
el incremento desmedido en la comisión de delitos. ¡Y estamos en
posconflicto!. No es posible que entre enero al 26 de abril se hayan cometido
2042 hurtos, 1298 inasistencias alimentarias, 1412 lesiones personales, 802 de
violencia intrafamiliar, 647 casos de tráfico, fabricación y porte de
estupefacientes, 372 de delitos contra la libertad, integridad y formación
sexual, 298 homicidios dolosos-culposos, 269 daños en bien ajeno, 190 estafas,
314 en fabricación, tráfico y porte de armas, 309 amenazas, 253 injurias y
calumnias, 99 falsedad personal, 130 en abuzo de confianza, 52 delitos
informáticos, 52 delitos ambientales, 98 delitos contra la administración
pública, 58 en extorsión, 91 falsedad en documento, 59 desplazamiento, otros
delitos 845; para un total de 9690. ¿Cuál será el reto en los Planes
Institucionales de Seguridad y Convivencia ciudadana PISC como política
pública?. ¿Lo han socializado?. Publiquen, informen.
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