Ya no es un secreto que cada gobierno al iniciar su periodo quiere hacer toda clase de reformas con el ánimo de dejar su huella imborrable con distintos argumentos, matices o justificaciones.
En el actual, ya aprobaron las facultades que el Presidente necesitaba para reformar al Estado, sin ninguna condición. Casi prospera la Comisión para vigilar los Decretos que se expidan sobre el particular, pero de acuerdo algunas Sentencias de la Corte Constitucional, incluso al revisar la Ley 790/02, esto carece de sentido. Facultades son Facultades, no van condicionadas.
Este episodio me regresa al 2002, cuando era Asesor Jurídico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD (aún era establecimiento público sin autonomía universitaria) y le colaboré a la Rectora del momento, quién logro unir a todos los representantes de los Establecimientos públicos dedicados a la educación y, parlamentario por parlamentario nos dedicamos a convencerlos para que no intervinieran estas entidades en la reforma, como efectivamente ocurrió y quedó estipulado en el parágrafo del artículo 20 de la Ley 790/02, así: “……Las entidades educativas que dependan del Ministerio de Educación serán descentralizadas y/o convertidas en entes autónomos. En tal caso, el Gobierno Nacional garantizará con recursos del presupuesto general de la Nación, distintos de los del sistema general de participaciones y transferencias, su viabilidad financiera”. Nótese que no le permitió al Presidente hacer uso de los verbos suprimir, modificar, fusionar, reestructurar o escindir frente a estas entidades.
Ello ocurrió porque en el Senado siempre nos apoyaron y en la Cámara tuvimos dificultades hasta el último debate. El tema quedó para definir esta diferencia en la Comisión de Conciliación, hasta que finalmente, lo logramos: El ejecutivo antes debía mejorar estas instituciones. Recuerdo a Uribe regañando públicamente a la Ministra de Educación por haberse dejado “montar Sindicato en su sector”. Otra hubiese sido la suerte de estas entidades.
Traigo a colación esto, porque la nueva Ley quedó sin ningún condicionante, se le entregó un cheque al portador al Presidente por seis meses para hacer su reforma, no sólo en el Das, Inpec, Incoder, Inco, Dne y Tres Ministerios; donde no sólo estará en juego la estabilidad de numerosos servidores públicos que saldrán de papá Estado, sino por los múltiples efectos que esto acarreará. ¿Dónde estaba la sociedad y las organizaciones?.
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