Pertenezco a la generación de la Constitución del 91. Cumplidos
mis 18 años voté cuando se promovió la
séptima papeleta, antecedente inmediato de la Constituyente que cambiara de
plano los pocos retazos de la Constitución de 1886. Además, empecé a estudiar
mi carrera de Derecho en 1992, pocos días después de promulgada la nueva Carta Política
y, con ello, entendí un poco el tránsito de pasar de un Estado de Derecho a un
Estado Social de Derecho. Recuerdo perfectamente, expectativas y retos que se
tenían para el país, máxime, cuando ya estaban las puertas abiertas para la
apertura económica, neoliberalismo, globalización, balances de final del siglo XX y la anhelada paz, entre otros aspectos. No
he parado de apropiar conceptualmente cada una de las reformas surgidas (más de
30), modificaciones, supresión o
creación de entidades, hasta de referendos, desaparición y surgimiento de
partidos políticos, de participar en todas las elecciones, incluso de hacer
valer derechos fundamentales, etc.
Considero que en 1990 faltó mayor participación del pueblo para apoyar
la Asamblea Nacional Constituyente. No teníamos TICs. Hoy la situación es
diferente. Estamos en otra etapa gobernada por la inmediatez de las redes
sociales, mayor visibilidad de participación incluida la juventud. Con otras
metas de la sociedad y del país. Con otro mapa geopolítico mundial. Época en la
que ya no tragamos entero. Donde le pasamos cuenta de cobro a los politiqueros y
bonos en blanco a los buenos políticos. Estamos en la sociedad del conocimiento,
donde cobramos o premiamos excelentes acciones. Sin embargo, con las muestras dadas
últimamente por los mal llamados “honorables padres de la patria”, sumado a la pérdida
de valores y ausencia de liderazgo ético,
es necesario enfrentar un nuevo debate constitucional. Para ello, bienvenida la
iniciativa del senador Juan Carlos Vélez (Proyecto de Ley No. 27/12) que convoca
al pueblo colombiano para que en votación popular decida si una Asamblea Constituyente
acorde al artículo 376 de la Constitución, reforme parcialmente la Carta
Política, con competencia excepcional para modificar normas constitucionales
relativas a la administración de justicia, rama Judicial y articulados que sin
pertenecer a estos temas confluyan con la administración de justicia. Iniciativa
que debería agregársele el tema sobre un mayor perfil profesional para Alcaldes
y Concejales y un Congreso Unicameral. Los huilenses tienen la oportunidad de
sumarse al debate.
Columna publicada en el Diario la Nación: www.lanacion.com.co
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