Al
consultársele a un abogado si es mejor ser defensor de una entidad del Estado,
o demandar más bien al Estado en un proceso jurídico, la respuesta no se
dudaría. Demandar al Estado. Las facultades de derecho deben implementar en sus
estudiantes un capítulo aparte, dado que la defensa jurídica del Estado ahora
tiene otro rumbo.
Con
la creación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el 2011,
se propuso entre otros aspectos
fortalecer el sistema único de gestión
de información de la actividad litigiosa ekogui; generar lineamientos para la formulación
de políticas de prevención del daño antijurídico y lineamientos generales de defensa;
promover el fortalecimiento de la gestión jurídica de las entidades, las capacidades
de los abogados de la defensa jurídica y los demás actores del ciclo de defensa
jurídica; intervenir y/o coordinar la defensa judicial(nacional e internacional),
la extrajudicial y contribuir a la recuperación de recursos públicos; lograr una
efectiva implementación y evaluación de los sistemas de gestión jurídica; fortalecer
el compromiso individual e institucional con la cultura del logro, de transparencia,
participación y servicio al ciudadano y; hacer seguimiento a la tasa de éxito
procesal anual de las entidades públicas del orden nacional.
En
virtud de lo anterior, se creó el Sistema único de Gestión e Información
Litigiosa del Estado eKOGUI donde se registran y actualizan los casos y
procesos judiciales. Con ello, se fortalecieron los esfuerzos para su adecuado
seguimiento a las actividades, procesos y procedimientos jurídicos, el cual
debe ser utilizado y alimentado por todas las entidades y organismos estatales
del orden nacional, cualquiera sea su naturaleza jurídica y por aquellas
entidades privadas que administren recursos públicos. Su principal objetivo es ser
la herramienta para la adecuada gestión del riesgo fiscal asociado a la
actividad judicial y extrajudicial de la Nación, así como monitorear y
gestionar los procesos que se deriven de aquella actividad, sin perjuicio de la
función constitucional y legal atribuida a la Contraloría. Confieso que estaba
nulo frente a esta importante tarea que ha emprendido el Estado de no dejar
perder pleitos y atenderlos bien. Pero dada la experiencia obtenida, me
involucré hasta en la “comunidad en red del conocimiento de defensores del
Estado” y, el próximo 8 de marzo se lanzará la revista virtual de defensores
del Estado. Es como una especie de élite que está marcando la pauta en el país
sobre el tema. Un ejemplo para el nivel territorial y para abogados litigantes
que siguen pensando que demandar al Estado es mogollo. En el departamento,
adscrito a la oficina jurídica y Secretaría General, debería organizarse algo
similar para que todos los asesores jurídicos y contratistas jurídicos que se
tienen en los municipios actúen en red, se capaciten y defiendan de manera
eficaz los intereses del ente territorial.
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