Columna publicada el 17/05/2023 en el Diario la Nación
Nos
corresponde realizar pedagogía al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026:
“Colombia potencia mundial de la vida”, recientemente aprobado por el Congreso
de la República, pues constituye la hoja de ruta del gobierno nacional para los
próximos 4 años. Al revisar articulo por artículo, se encuentran temas bastante
sensibles y que requieren una reglamentación minuciosa para su desarrollo. Uno
de ellos es la contratación directa que se le otorga a las juntas de acción
comunal y que a futuro veremos cómo se traslada la corrupción de nivel en estas
instancias. Sumado a los problemas o disputas que esto generará en las
regiones. Pero aquí, llamaré la atención por la urgencia a que revisemos
juiciosamente cada uno de los diversos temas propuestos a implementar en el denominado
“Plan de la Gente”. Son diversos aspectos que quisiera abordar. Pero en esta
ocasión llamo poderosamente la atención sobre lo dispuesto en el artículo 166 sobre
la política nacional de salud mental, la cual he referido como una necesidad en
columnas anteriores. El tema es preocupante dadas las diferentes problemáticas
que se juntan sobre este tema y los efectos que produce y que van en aumento de
manera acelerada en el departamento. Particularmente, en jóvenes. Se propone
que el Gobierno nacional bajo la coordinación técnica del Ministerio de Salud y
Protección Social, y con la participación del Consejo Nacional de Salud Mental actualizará
la política nacional de salud mental individual y colectiva en la cual se
abordarán líneas estratégicas con acciones transectoriales de mediano y largo plazo
que incidan en los determinantes sociales de la salud mental. Que también propenderá
porque los entornos de desarrollo, curso de vida, enfoques poblacional, interseccional
y territorial cuenten o contemplen la promoción de la salud mental, la prevención,
atención integral, rehabilitación e inclusión social de la población con
afectaciones en salud mental, consumo problemático de sustancias psicoactivas y
las situaciones de violencia. Se hace el llamado para que esta política aborde la
eliminación del estigma y discriminación, el desarrollo de habilidades para la vida
y competencias socioemocionales, así como la identificación oportuna de
problemas mentales. Que se pueda en forma inmediata, realizar asistencia
técnica articulada con las entidades territoriales del país para su
implementación en articulación con la estrategia de atención primaria en salud
y rehabilitación basada en la comunidad. Contundente el hecho de hacer el
llamado al Ministerio de Salud y Protección Social para que garantice la
estructura organizacional que permita la implementación y ejecución de esta
política. Expresa este mandato, una vez se convierta en Ley, que debe crearse la
Red Mixta Nacional y Territorial en Salud Mental conformada por las diferentes
instancias por organizaciones no gubernamentales, universidades y centros de investigación,
sector privado, organizaciones internacionales, comunidades locales y líderes
comunitarios que aporten a los temas de bienestar mental, entidades dedicadas a
la prestación y el cuidado, así como a los diferentes colegios que recogen las
disciplinas asociadas a la atención integral de salud mental. La tarea para
organizar esta red y que funcione se la asigna al Consejo Nacional de Salud
Mental, en apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social. Esta tarea nos
compete a todos. No se imaginan como se pide a gritos en los colegios y
espacios laborales este tipo de apoyos y acciones. Ni qué decir, en otros
sectores. Que este consejo actúe con protagonismo para preservar la vida. “Que
no se apague la vida”
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