Con la posesión del nuevo Procurador, en apariencia se fijaron unos retos importantes que debe afrontar este organismo de control, los cuales fueron dados a conocer desde la casa de Nariño el pasado lunes. Entre ellos, el ataque frontal a la corrupción. Nada fácil en un país como el nuestro que ya está en la unidad de cuidados intensivos por este flagelo. Ese ánimo u optimismo parece un chiste aislado. Hemos caído en una degradación social que hasta los valores ya no existen en el imaginario colectivo. Eso pareciera que pertenece al pasado. Me refiero al tema de valores y de no corrupción. En esta percepción negativa, ha caído también el derecho disciplinario o función disciplinaria que tiene la procuraduría y que pareciera no tener el impacto esperado en cuanto a sanciones efectivas, como tampoco de investigaciones cumplidas. Quiere decir, que la percepción es su poca efectividad, dado el sueño de los justos que acompaña a los procesos o investigaciones disciplinarias donde están involucrados servidores públicos.
Los huilenses, en ese ejercicio de control a la gestión pública que les ha sido fortalecido con la Ley 1757/15, deberían conocer cuántos procesos disciplinarios se adelantan, así como el número de investigados y, sacarían diversas conclusiones. Pocos los sancionados. Sucede como con los delitos contra la administración pública. Muchos delitos cometidos, mínimas las condenas. Entonces, ¿cómo enfrentar la corrupción desde la efectividad del derecho disciplinario o función disciplinaria, cuando incluso, desde los programas de derecho la materia que instruye sobre el tema, es considerada una electiva u opcional?. ¿Una sola persona logrará desde este organismo, modificar la cultura arraigada y externalizada por un alto porcentaje de la población y de quienes están acostumbrados a lidiar con la corrupción teniendo de por medio y fin los recursos públicos?. ¿Cómo hacer para que la nueva generación, que está a punto de empezar su vida laboral o aporte desde la administración pública, no sea corrupto? La verdad, tendríamos que volver a nacer porque cambiar a todos el chip es como difícil. Decir que implementar una formación intensiva desde el seno de la familia, pasando por la escuela y luego en los colegios para implantar una nueva cultura sobre el respeto a los recursos púbicos es una utopía. Indiscutible que es el deber ser. Pero esto es a largo plazo. Para qué hablar de transparencia y cero corrupción, cuando desde la contratación pública todo se perfila para direccionar el contrato desde el proceso de elaboración de los términos de referencia o pliego de condiciones. Sumado a todas las estrategias de influencias para no perderlo. Podría advertir un sin número de cosas y casos. Pero lo que me interesa dejar sentado aquí, es la importancia que tiene el derecho disciplinario en esta nueva etapa.
Los huilenses, en ese ejercicio de control a la gestión pública que les ha sido fortalecido con la Ley 1757/15, deberían conocer cuántos procesos disciplinarios se adelantan, así como el número de investigados y, sacarían diversas conclusiones. Pocos los sancionados. Sucede como con los delitos contra la administración pública. Muchos delitos cometidos, mínimas las condenas. Entonces, ¿cómo enfrentar la corrupción desde la efectividad del derecho disciplinario o función disciplinaria, cuando incluso, desde los programas de derecho la materia que instruye sobre el tema, es considerada una electiva u opcional?. ¿Una sola persona logrará desde este organismo, modificar la cultura arraigada y externalizada por un alto porcentaje de la población y de quienes están acostumbrados a lidiar con la corrupción teniendo de por medio y fin los recursos públicos?. ¿Cómo hacer para que la nueva generación, que está a punto de empezar su vida laboral o aporte desde la administración pública, no sea corrupto? La verdad, tendríamos que volver a nacer porque cambiar a todos el chip es como difícil. Decir que implementar una formación intensiva desde el seno de la familia, pasando por la escuela y luego en los colegios para implantar una nueva cultura sobre el respeto a los recursos púbicos es una utopía. Indiscutible que es el deber ser. Pero esto es a largo plazo. Para qué hablar de transparencia y cero corrupción, cuando desde la contratación pública todo se perfila para direccionar el contrato desde el proceso de elaboración de los términos de referencia o pliego de condiciones. Sumado a todas las estrategias de influencias para no perderlo. Podría advertir un sin número de cosas y casos. Pero lo que me interesa dejar sentado aquí, es la importancia que tiene el derecho disciplinario en esta nueva etapa.
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