Lunes, 28 Abril 2014 00:00Escrita por Obert Alejandro Ortiz R. Diario la Nación
Una de las tareas propuesta por la Escuela Superior de Administración Pública-Esap- Huila: es dar cumplimiento al artículo 73 del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/11), y el Decreto- Ley 019/12 (Antitrámites), y contribuir pedagógicamente con las entidades del Estado y, desde luego, a los servidores públicos para que sean eficientes y eficaces en la elaboración, monitoreo, ejecución y evaluación periódica del Plan Anticorrupción y Antitrámite y de atención al ciudadano para que verdaderamente le apuntemos a un Estado moderno, abierto, cercano y amable al ciudadano.
Este ejercicio, se ha realizado en el Putumayo y Caquetá e incluso en otro departamento, y lo que se evidencia es que, los servidores públicos, en cabeza de sus gobernantes o gerentes; les ha faltado implementar mayor y mejores estrategias para que el cometido de estas normas se cumpla.
Se ha analizado a manera de ejemplo el Plan que definió la gobernación del Huila, el cual está en su portal y, lejos de contar con unos indicadores claros, metas, productos, resultados, responsables, áreas y evaluación; el mismo se limita es a describir los alcances de la norma y lo que deben hacer, pero no se ve su operatividad. Los municipios, por supuesto lo que hicieron fue adaptarlo con el mismo formato.
Sumado a ello, no han efectuado una agresiva pedagogía a todos sus funcionarios para que se comprometan con esta política que pide a gritos que se haga realidad el buen gobierno o un Estado donde todos sus servidores estén arropados y blindados con los principios éticos y de la función administrativa y de cero papel.
Recientemente se realizó este ejercicio en los municipios de Colombia y en Baraya y el panorama es desalentador. Empezando por que se justifica el hecho de no tener internet permanentemente y en buenas condiciones para responder en tiempo real, aunque al llegar a dichos municipios se resalta a los visitantes que este es un lugar donde se vive: digital. Gran interés ha despertado en el Putumayo y en el Caquetá donde se ha hecho presencia. Allí han participado, para destacarlo, desde los comandantes del ejército y policía hasta jueces, fiscales y personas comprometidas con estas exigencias, pero sobre todo con la sociedad. Muchos, comenzado por los servidores públicos que desconocen los alcances de esta normatividad y los propósitos del Conpes 167/13 sobre la política pública integral anticorrupción. Ni qué decir, de la de antitrámite. ¿Entonces que hacemos?.
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