Columna escrita y publicada en el Diario la Nación
Agosto 1 de 2013
Colombia como segundo país con minas
antipersonal, desde 1990 al presente tiene 10253 víctimas y 219 ocurrieron en el
Huila. La semana anterior, nos visitaron dos pasantes-voluntarias canadienses
que estuvieron en Algeciras y Neiva, pertenecientes al programa “voluntariado
de la acción contra minas” de la campaña colombiana contra minas, a fin de
conocer de cerca y tener una percepción más clara y precisa sobre esta
problemática. Su objetivo: visibilizar el tema de minas y víctimas para contribuir
en la sensibilización pública para que la sociedad civil se empodere (mediante
prevención, evitando riesgos y salvando vidas sin sesgos políticos) y le den a
entender a los grupos armados al margen de la ley que esta acción es cruel
contra la humanidad y, de esta forma, dejen de utilizarla. Resumieron su
visita, así: En Colombia, principalmente en las ciudades no se le está dando la
atención suficiente porque los citadinos conviven o esquivan el tema del conflicto
y eso es grave por la posibilidad de ayudar a la gente; en la zona rural hay
falta de conocimiento de los derechos humanos y eso es aún peor; el tema de
minas se ha tocado de manera ligera e improvisada por las autoridades, aunque
eso es responsabilidad del Estado; es urgente y relevante poner el tema de
minas en las conversaciones de la Habana para saber qué hacer y también para que
nos digan los sitios exactos donde están sembradas; que la guerrilla debe
entender que Colombia ratificó la convención internacional contra minas y eso ya
es obligatorio, se trata de procesos humanitarios; la Ley 1448 no se ha
implementado bien, carece de recursos y participación ciudadana, además de
haberse reglamentado dilatadamente; en Algeciras, nadie quiere y se atreve a
hablar del tema; en Neiva, falta trabajarlo, no se han empoderado. En general,
el Huila a pesar de las cifras, está en los últimos lugares en tomar partido y
empezar a empoderar la ciudadanía, pues no tiene ni siquiera un documento de
base para actuar, mucho menos líderes y funcionarios visibles y ni qué decir de
la carencia de recursos y responsables. Concluyeron, que si bien es cierto el asunto
es controvertido, sensible y desconocido, la sociedad civil debe luchar frente
a ese miedo y empoderar todas las acciones contra las minas antipersonales. Se
trata de los derechos fundamentales.
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