Columna publicada en el Diario la Nación el 28/09/2022
No es necesario repetir que la protesta social,
marchas, plantones y movilizaciones de la ciudadanía constituyen un derecho
fundamental y, como tal, está protegido constitucional y legalmente en nuestro
país. A nivel jurisprudencial, en diferentes sentencias de la Corte
constitucional, Corte suprema de Justicia y del Consejo de Estado, se reconoce
que este derecho posee una estrecha relación con otros derechos como la
libertad de expresión, de asociación, de locomoción y el derecho a la
participación. Hasta aquí no hay discusión ni conflicto alguno para su
comprensión o apropiación conceptual sobre el tema. El problema está, en que se
pretenda descalificar a quienes hacen uso de este derecho o desean participar o
vivenciarla con los reclamos que promuevan en las calles, plazas públicas o
cuanto escenario con asistencia popular proceda. Si algo aprendí desde mi
participación en el movimiento de la séptima papeleta en 1990 (cumplía mi
mayoría de edad), con las aspiraciones que se tenían en su momento en cuanto a
transformaciones sociales, políticas y económicas, es que tenía que salir a las
calles a contagiar a toda una masa popular, pero también crítica sobre la necesidad
de la participación del pueblo, no sólo desde las urnas, sino en las calles
también. Cuando se tiene esta madurez, producto de la formación y participación
decidida en el fortalecimiento de la democracia, no se tiene porqué descalificar
a personas que están en otro movimiento o partido político o que promueva causa
social distinta a las que promueva o participe. Al contrario, es necesario y
pertinente que se promueva y faciliten espacios y escenarios para que cada día
la sociedad pueda expresar libremente su desacuerdos, ideas y aspiraciones a
quienes gobiernan con ojos ciegos y oídos sordos. Una situación que se advierte
cuando se realizan capacitaciones de control social a la gestión pública en
distintos municipios de Colombia, es la baja o nula participación de la sociedad
en mecanismos de participación ciudadana. Pero cuando se observa que el pueblo
protesta, marcha, realiza plantones y se moviliza; es como cuando se potencia
un cultivo con fertilizantes de buena calidad. Es decir, cuando las personas o
comunidades están con sus consignas en las calles mediante protesta, su sentido
de pertenencia con la democracia se activa, entiende, comprende y acepta el
valor de su participación. Más aún, si se realiza con total respeto a la autoridad,
a las instituciones y a los bienes públicos y privados (sin causar o promover
vandalismo), el cumplimiento de nuestro deber y derecho toma sentido. No es
pertinente descalificar o desacreditar una manifestación. Eso que sólo 4 gatos
saldrían a marchar, ofende. Viene luego el resentimiento que no fueron 4 gatos.
Expresar que los problemas actuales son del anterior gobierno, tampoco es justificable.
O que no hubo vandalismo porque ya no se recriminaba, reprimía la protesta o se
cometían abusos de autoridad, tampoco le es dable. O que los ricos, están
sacando a los pobres de manera engañada a protestar, mucho menos. O que quienes
salen a marchar son únicamente los uribestias, es hiriente, entre otras frases.
Todo lo contrario. Esto apenas comienza. Tenemos que llegar a comprender (y
acostumbrarnos) que este derecho es procedente y debe activarse en todos los
municipios, ciudades y donde estén concentrado los despachos de los gobernantes
en esta nueva década con mayor intensidad, sí verdaderamente estamos en
democracia. Formación total al respecto y respeto contundente al mismo.
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