Gestores VS Jueces de paz

 Columna publicada en el Diario la Nación el 14/12/2022

Con la expedición el pasado 9 de diciembre del Decreto 2422 por el Presidente de la República, en la cual se sientan las bases para que mediante una Comisión se pueda recomendar “la admisión o exclusión de ciudadanos (as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5º de la Ley 2272 de 2022″; son diversas las reflexiones atragantadas. Más bien, como se dice en el argot popular, muchos sapos los que se debe uno tragar.  En primer lugar, pareciera que quienes llevan una vida ejemplar, o bañada con principios éticos y valores arraigados dentro de un Estado de Derecho, no puedan ser los llamados a ser los verdaderos voceros para promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz. Estos no son los invitados o priorizados.  Entiéndase por Estado Derecho, lo reafirmado por el secretario general de las Naciones Unidas (2019), como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”. Duele que la institucionalidad estatal sucumba más bien a realizar todos los actos tendientes a entablar acercamientos y conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, por un lado. Por otro, a realizar todos los actos tendientes a entablar y adelantar diálogos, así como negociaciones y lograr acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley. Desde hace varias décadas, se observa que el Estado termina negociando con cuanto grupo violento va surgiendo, y a la gran mayoría de colombianos de bien, no les queda otro camino que aguantárselo. No se hace alusión a este gobierno en particular. Qué quede claro. Ojalá todos fuéramos expertos y con una alta dosis de conciencia sobre la violencia que ha abrazado este país a lo largo de estos más de 200 años de vida republicana, para efectuar la reflexión-comparación de lo que aún somos. Sin embargo, ¿en donde queda el accionar eficiente, eficaz y efectivo de la fuerza pública, de la justicia, de la institucionalidad?. No imagino a un cierto grupo de la sociedad realizando solicitudes de manera previa para intervención a estos nuevos gestores de paz (los de la primera línea), como ocurre con los jueces de paz y reconsideración que sí son elegidos mediante voto popular y que son autoridades que administran justicia comunitaria, basados en las creencias, identidades y normas culturales de sus comunidades. ¿Que está pasando por las mentes de los también Conciliadores en Equidad?. No alcanzo a dimensionar un diálogo que conduzca a la construcción de acuerdos de estos nuevos gestores de paz.  También, ¿cómo estos nuevos gestores de paz plantearán una decisión, y si éste tendrá alcance de un fallo en equidad?. ¿o como será su representación o rol cumplido?. Lo estudiado en estos 30 años de nuevo constitucionalismo, al parecer se fueron al traste de la basura. Por ningún lado le veo el tinte de organización social y humanitario a estos nuevos gestores. Tal vez es la ceguera.