¿Organización vs movilización campesina?

 Columna publicada el 13 de septiembre de 2023 en el Diario la Nación

Ante la polémica que se armó en el país, y con toda razón, por el posible Decreto que se expediría en cabeza del ministerio de agricultura para promover la movilización campesina, exige estar alertas. Como lo advirtiera, no sólo la Procuraduría General de la Nación, sino también distintos actores públicos y privados sobre el particular. No es para menos. Ni de poca monta. Ni mucho menos algo tenue. Sencillamente me recuerda los hechos históricos cuando se impulsara por parte del presidente del momento, Carlos Lleras Restrepo su plan o política de reforma agraria y, luego, la de Misael Pastrana Borrero, con el pacto de Chicoral, municipio del Tolima en 1972. Así mismo, a evocar los alcances del estudio realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) titulado: “500 años de lucha por la tierra. Estudio sobre propiedad rural y reforma agraria en Guatemala”; como un ejercicio comparativo en Colombia sobre el tema. Lo fundamental para destacar aquí, lo constituye la forma como el presidente Petro, a través de su ministra de agricultura, quiere promover o hacer realidad una reforma agraria. Como lo han advertido algunas organizaciones campesinas: no es socavando la propia autonomía de estas como sujetos políticos para validar un proceso mediante la movilización, sino que se respete su autonomía para permitir la participación efectiva (no de movilizaciones o marchas) en el proceso que se adelante. Es decir, han argumentado, que previo a la expedición de cualquier Decreto sobre el tema, el camino era consultarles para que desde allí se prevea su participación efectiva y fuera expedido bajo un consenso, si lo que se pretende es visibilizar su importancia y, no que luego, se vean instrumentalizados para lograr la aprobación de la reforma perseguida. En este sentido, comparto esta visión, pues en el proceso de definición del problema social a problema público y luego a política pública, como lo es en este caso, no es necesario un decreto para ello. Basta con aplicar por parte de la institucionalidad, en este proceso y, justo en esta etapa, los modelos de tomas de decisión de política pública como lo son: el modelo racional, racionalidad limitada, de aproximaciones sucesivas, de exploración combinada y el de bote de basura que son fundamentales para el abordaje del problema público, luego elevarlo a problema de política pública y que, finalmente, quede incorporado en la agenda de gobierno. Ya en el proceso de formulación, estructuración y configuración de la política pública, se puede acudir a las metodologías participativas existentes y otras, propias de este procedimiento. Pero si ya estamos en la etapa de implementación de la política, pues tenemos que guiarnos por los postulados de los modelos de gestión pública de Paul Sabatier (1981), Francine Rabinovitz (1978), modelo de gobernanza, modelo de implementación como proceso de adaptación y aprendizaje y el modelo de perspectiva de redes. Por ninguno de ellos se precipita que la institucionalidad valide una movilización. Más bien, lo que debe apropiar y garantizar es el de organización y participación de los diferentes actores de la política con sus respectivas autonomías. Si ello se da, no es necesario impulsar movilizaciones mediante decretos. Ello lo garantiza libremente la constitución política. Prima la organización, no la movilización.