Columna publicada en el Diario la Nación el 25/01/2023
Como es de
conocimiento público, para el próximo 14 de febrero se ha estado gestando una gran
convocatoria a marchar o protestar, por parte de quienes se consideran o se
sienten en oposición al gobierno. Hasta allí, no hay ningún inconveniente, pues
es un derecho de la ciudadanía de carácter fundamental previsto en el artículo
37 de la Constitución Política que ha sido ampliamente discutido. Implica que,
cualquier persona en su libre albedrío puede asistir y participar si es su
deseo. Lo que llama poderosamente la atención por su novedad, al menos con
posterioridad a la constitución del 91, es que un gobierno de turno, en cabeza
del presidente de la República proceda a convocar para la misma fecha a la
ciudadanía en general, y a las bases que lo eligieron a “un gran diálogo social
para cambiar a Colombia y que está dispuesto a concertar las reformas”. Varias inquietudes
sobre el particular. ¿Cuál es la necesidad del actual gobierno en convocar al
pueblo en el mismo día para dialogar y para concertar que?. Pues no hemos
conocido a profundidad los textos definitivos de las reformas. ¿Qué sentido
tiene el llamado de un presidente en ejercicio para que salgan su seguidores o
votantes en el mismo día que tienen previsto los que desean manifestar sus
objeciones, reparos, reclamaciones o planteamientos al gobierno de turno en la
plaza pública o calles?. ¿Busca medir fuerzas de los unos con los otros?, ¿desea
ampliar la brecha de polarización entre unos y otros?, ¿pretende hacer quedar
en ridículo a los partidos o movimientos que no están en el poder y que de
alguna manera alertan sobre las actuaciones del gobierno en sus posibles
proyectos de reforma?. ¿Quiere demostrar que ya en el ejercicio de su gobierno,
ha superado el apoyo popular más allá de esa mitad de Colombia (colombianos)
que no votaron por su propuesta en lo que va corrido de su mandato?. ¿Será que
siente que el respaldo entregado en el proceso participativo para la
construcción del Plan Nacional de Desarrollo con sus casi noventa mil
propuestas y cerca de 250.000 ciudadanos asistentes (y que aún no conocemos),
estará vigente o permanecerá en cabeza de los representante del pueblo ante el
legislativo en el proceso que dure el debate y la aprobación mediante Ley de su
carta de navegación?. ¿Por qué no dejar que transcurran las deliberaciones o
diálogos en el congreso que es el lugar propicio para ello, en vez de anteponer
a la ciudadanía en estos menesteres innecesarios? Si el pueblo le entregó un
mandato en las urnas para efectuar las reformas que se requieren, pues darles
curso y no interfiera con el pueblo ante la instancia que tiene también su
proceso participativo junto a la masa crítica y pensante de este país, para
finalmente aprobarlas sí esas son las reformas requeridas. Si los organizadores
de la marcha de oposición deciden no modificar el día y hora para el encuentro,
y el presidente mantiene firme su llamado para sus diálogos (que ya los hizo
por ciento ampliamente) en la misma fecha; no se auguran resultados positivos.
El presidente ya no gobierna para sus electores. Gobierna para todos los
colombianos. Esa no es una buena idea que contribuya a la pacificación. No
aprendimos del sueño civilizador sangriento con posterioridad al grito de
independencia. Al contrario, volvemos a recular. Por ahí no es.
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