Columna publicada en el Diario la Nación el 08/02/2023
En Colombia, nos jactamos de ser la democracia más
consolidada de América Latina. Está máxima responde entonces a que tendríamos
una sociedad donde prevalece el respeto a la Constitución. En la que el equilibrio de poderes constituye
una condición elemental de un régimen constitucional moderno. Pues esto, como
es de conocimiento público en la actual coyuntura de aprobación del nuevo Plan
Nacional de Desarrollo 2022-2026 se pondría a prueba, dado que se inicia el
debate y aprobación de reformas previstas por el presente gobierno y que se
surtirán en el Congreso de la República y, también como se ha indicado, en las
calles. A prueba porque los agentes políticos tendrán que demostrar su
independencia en la coyuntura y las autoridades comprometidas con el Estado de
Derecho actuar a la altura de la responsabilidad que exige el momento. Está
superado, al menos en Colombia, acceder y mantenerse en el poder mediante la
fuerza, o la instauración de un régimen que perpetúe a un solo gobernante, o el
que justifique la inspiración divina y permanezca gobernando hasta con sus
herederos como fuera implantado en los egipcios, romanos, mogoles, incas y
otras culturas más, incluido al lado de nuestro país. Si se intentara, sobran
los referentes históricos de la revolución gloriosa (Inglaterra, 1688),
independencia de las XIII Colonias (1776), revolución francesa (1789), al igual
que ejemplos más recientes de sociedades inconformes que han impedido
desequilibrar la balanza entre los tres poderes. La sociedad colombiana no será
la excepción en impedirlo en estos tiempos. Es menester recordar este aspecto
en particular porque absolutamente todos los actores sociales y políticos debemos
participar y vigilar que el poder legislativo (Congreso de la República) con
todos los senadores y representantes a la cámara respondan a las necesidades
que se les exige con esta oleada de reformas. Ni pupitrazo en aprobación de
leyes, ni coalición arrodillada, tampoco enmermelados o vendidos por burocracia,
ni aplastando a las minorías, ni todos gobiernistas y mucho menos ajenos o de
espaldas del clamor de las mayorías de los ciudadanos o del pueblo. Todos
alertas y en primera línea como se aprendió, para realizar seguimiento a los trámites,
discusión y aprobación de los proyectos por el cual fuera convocado a sesiones
extraordinarias el congreso de la república mediante decreto presidencial. La academia,
movimientos políticos y todos los sectores en general a la carga. Esta será una
legislatura definitiva que requiere nuestra mayor atención y seguimiento porque
discutirá y aprobará no solo la agenda social del gobierno Petro, sino más de
30 proyectos, más las reformas de la salud, pensional y laboral que se
presentarán en las sesiones que arranquen en marzo. Sin embargo, hay un punto o
asunto que llama la atención y es el de mayor cuidado por no decir peligroso: la
solicitud al congreso de 14 facultades extraordinarias para el presidente.
¿Quedará el congreso contando naranjas?. Como le ocurre a la mayoría de
concejos municipales en el país, cuando otorgan facultades plenas a los
alcaldes. Se dan cuenta tarde. No a las improvisaciones en estas reformas. Los
congresistas no se pueden dejar obnubilar ahora que hay plata o bonanza fiscal,
pues curiosamente, y gracias al petróleo y carbón, se recaudó el año anterior
(2022) cerca de 50 billones de pesos más. Se pasó de 173 a 228 billones. Esto
sin contar lo previsto en las dos reformas tributarias aprobadas incluida la de
Petro. Prohibido malgastar ese dinero en esta coyuntura. Prohibidos
congresistas, prestarse para ello. El gobierno que utilice esos recursos para
disminuir el déficit fiscal, recuperar el grado de inversión y no aceitar una
maquinaria política en estos momentos de reformas. “Pedagogía de reformas en
marcha”. Fortalecimiento del equilibrio de poderes ¡arriba!. No asomos de
emperadores.
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